Jun 27, 2014
En el marco de la próxima elección del Relator o Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Fundacion para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Open Society Justice Initiative, elaboraron una publicación conjunta que presenta los puntos de vista de los candidatos y candidata al puesto de Relator o Relatora en algunos temas de relevancia hemisférica.
El documento tiene como objetivo promover una mayor transparencia en el proceso y acercar al público en general los puntos de vista de los candidatos. Al respecto, creemos que la sociedad civil desempeña un papel vital para asegurar que procesos de selección de este tipo sean transparentes, garanticen diversidad y promuevan candidatos que cuentan con las mas altas calificaciones. Esperamos que este documento sea de utilidad.
Acceda a la publicación aquí.
Jun 23, 2014
La Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, redes integradas por las siguientes organizaciones, entre otras: Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), DATA, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora, RedCon, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y Uruguay Transparente, quieren dar a conocer el siguiente posicionamiento frente al inminente tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores:
En los últimos días asistimos a un debate sobre la pertinencia de que el Parlamento apruebe la primera ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de la democracia en el marco del presente año electoral.
Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas.
La sociedad civil reivindica además, un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta Ley de Servicios de Comunicación, sin caer en adjetivaciones y calificativos tremendistas y descalificadores, que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden.
A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar de dar su aprobación a la LSCA:
¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
– Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población.
– Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
– Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
– Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas entorno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
– Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
– Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
– Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años.
¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión?
– El proyecto de LSCA a estudio del Parlamento: i) no regula a la prensa escrita, ii) no afecta a los contenidos (salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos o en desventaja social); iii) contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
– La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
– El proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección a la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias.
– Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
– Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Sólo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura.
Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado:
La Coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley (el Consejo de Comunicación Audiovisual), con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de sus directivos, que presenta las garantías suficientes para todos los actores.
También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos parece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación.
Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la defensoría de las audiencias, en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Jun 23, 2014
Las cadenas nacionales es una herramienta comunicacional que permite a los gobiernos usar los medios de comunicación para transmitir a la población información de trascendencia pública. Sin embargo, la posibilidad de que éstos hagan uso abusivo de esta herramienta pone de manifiesto la necesidad de que haya regulación clara al respecto. ¿Cómo es la situación en América Latina?
El informe “Cadenas Nacionales” de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una coalición de organizaciones de la sociedad civil de las Américas que integra CAinfo, aborda temas claves para entender este fenómeno. ¿Cuántos países tienen reguladas las cadenas de radiodifusión? ¿La regulación es de rango constitucional, legal o sublegal? ¿Cuántas cadenas se han implementado en el último tiempo? ¿Existe la necesidad de justificar las cadenas? ¿Qué medios están obligados a transmitir? ¿Está regulado cuánto tiempo tiene que durar?
En el caso de América del Sur, se observa que Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen legislación que regula las cadenas nacionales; Brasil, Paraguay y Chile regulación en casos específicos (campañas electorales, catástrofes, seguridad nacional, etc); en tanto, Perú no tiene ningún tipo de regulación en este sentido.
Vea el informe.
Jun 17, 2014
Antel evacuó un pedido de informes por la Ley de Transparencia sobre su estadio «Arena». Prefirió guardar silencio en la mayoría de las preguntas, aduciendo que divulgar datos le ocasionaría «daños económicos y pérdida de competitividad».
Siguiendo las pautas que establece la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), un particular realizó una serie de planteos a Antel para conocer los detalles del proyecto del polideportivo que se erigirá en el predio del desaparecido Cilindro Municipal. El que accionó ante el ente fue Mario Nelson Barbato, quien si bien se identificó con su número de cédula, dirección, teléfono y otros datos, optó por no mencionar su condición de edil departamental para pararse como «un ciudadano más» ante la ley y el Estado.
Barbato solicitó información sobre la totalidad de las actuaciones administrativas entre Antel y la Intendencia de Montevideo; el origen de los recursos económicos dispuestos y las previsiones en materia presupuestal; el concurso de expresión de ideas; los gastos de la tienda que fue colocada en el predio, y el convenio suscrito con la NBA (National Basketball Association) de Estados Unidos, para el desarrollo de actividades de mutuo interés.
El petitorio fue recibido por el ente el 10 de abril e incluye 11 puntos, pero el 15 de mayo Antel le comunicó al recurrente que tomaría una prórroga de 20 días -dentro del plazo legal- para entregar la información requerida. Finalmente, el jueves de esta semana Barbato recibió la contestación.
«La información vinculada a este proyecto debe ser protegida en tanto su divulgación aparejaría serios daños económicos y pérdida de competitividad frente a los operadores de nivel internacional que actúan en el mercado», señala la contestación de Antel, en su primera página.
«Información reservada».
La respuesta indica además que de conformidad con el artículo 9, literal E, de la Ley 18.381 (apartado que refiere a las posibilidades de no entregar los datos ante una requisitoria), «la información solicitada se declaró reservada por resolución 796/11 del 14 de junio de 2011».
«También la información relacionada con el proyecto de contenedor polifuncional de espectáculos y eventos sociales Antel Arena fue clasificada como reservada por resolución de la División Gestión de Segmentos del 22 de marzo de 2013 y por resolución de la Subgerencia General Gestión Estratégica de fecha 10 de marzo de 2014».
Críticas.
Consultado por El País, el edil Barbato reiteró las críticas a la alianza entre Antel y la IMM, en tanto opinó que «el secretismo que rodea todas las actuaciones no hace otra cosa que reafirmarnos en la razonable presunción que podríamos enfrentar otro procedimiento dispuesto por autoridades públicas, dependientes del Poder Ejecutivo, así como de la Intendencia de Montevideo, que escaparía al marco jurídico constitucional y de legalidad que rige nuestro Estado de Derecho».
Junto a la respuesta, Barbato recibió el Informe de Asesoría Letrada de Antel, en el que se fundamenta la viabilidad jurídica del proyecto. «El documento fue contundente y ampliamente desestimado en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas, en virtud de serios apartamientos de carácter constitucional (Principio de Especialidad) y legal (Principio de Ejecución), así como por la existencia de subcontratos contrarios a las facultades para contratar entre agentes del Estado, lo que convierte en nulos los contratos de esta naturaleza», destacó el legislador.
La ley 18.381
La «Ley de Transparencia» fue la que permitió conocer, hace pocos meses, información preocupante sobre la educación. El acceso a los datos de repetición de Secundaria se dio tras una solicitud que presentó el suplemento Qué Pasa de El País, amparado en dicha norma. Secundaria se negó a dar esa información, pero la Justicia lo ordenó en dos instancias.
PREGUNTAS Y POCAS RESPUESTAS
Sin perjuicio de los argumentos sobre «daños económicos y pérdida de competitividad frente a los operadores de nivel internacional que actúan en el mercado», Antel respondió algunas consultas.
Con respecto al origen de los recursos para construir el polideportivo (que según cálculos primarios costará unos US$ 40 millones), indicó que se trata de fondos propios y que «no existen previsiones presupuestales específicas» porque el proyecto se generó después del Presupuesto 2012, que es el que rige actualmente por medio de una prórroga automática.
En referencia al montaje de la tienda en el predio del ex Cilindro, incluyendo gastos de funcionamiento, personal e insumos, se señala «la inexistencia de dicha información por no tener la Contabilidad de Antel discriminación por tiendas individualmente consideradas».
«El convenio con la National Basketball Association (NBA) está sujeto a un acuerdo de confidencialidad entre las partes, siendo aplicable el límite establecido en el artículo 10 de la ley 18.381», agrega la respuesta del ente.
Sin perjuicio de lo expresado, se indica que el acuerdo incluye «asesoría para la construcción del Antel Arena, la asociación de marcas y distribución de contenidos exclusivos de NBA por medio de dispositivos digitales de Antel».
Publicado en El País, 14 de junio de 2014
Jun 4, 2014
Organizaciones sociales y gubernamentales se reunirán el viernes 6 de junio en la tercera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que se realizará en la ciudad de Florida.
Esta sesión extraordinaria tendrá como objetivo la validación del Marco Estratégico de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para el período 2014 – 2016, que se elaboró a partir de los insumos recogidos durante las anteriores dos Asambleas Nacionales de Derechos Humanos.
La Asamblea, que propondrá un ejercicio participativo para la evaluación de la gestión de la INDDHH, combinará instancias plenarias con sesiones de trabajo grupal en torno a 3 temas prioritarios establecidos en el Marco Estratégico 2014 – 2016:
1. Acceso a la Justicia. Abrir el debate e incidir en los procesos de cambio y adecuación de
normas y prácticas institucionales para garantizar efectivamente los derechos.
2. Promover la igualdad de trato y la no discriminación con énfasis en el acceso a
derechos vinculados con la discapacidad y la salud mental con el objetivo primordial de
visibilizar el problema ante la sociedad y comprometer al Estado uruguayo en el diseño e
implementación de políticas públicas.
3. Promover que el Estado incorpore el enfoque de derechos humanos en el diseño e
implementación de las políticas públicas para el tratamiento de la violencia y la
convivencia.
Más información en inddhh.gub.uy
