May 26, 2014
A más de cinco años de aprobada la ley que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), tres de cada cuatro uruguayos desconoce la existencia de la norma que obliga al Estado a brindar información en caso de que un ciudadano la solicite. El dato surge de una encuesta realizada a pedido de la Unidad de Acceso a la Información Pública en noviembre del año pasado.
La encuesta preguntaba “¿Sabe si existe alguna ley o decreto que obligue al Estado a brindar información pública de sus gastos, remuneraciones, contratos, etc. en caso de que un ciudadano común quiera saberlo?”. Sólo el 26% respondió afirmativamente.
El porcentaje de personas que conoce la ley de acceso aumenta significativamente según el nivel educativo: aquellos que tienen nivel primario respondieron afirmativamente en el 17% de los casos; secundario 30%; y terciario 41%.
El grupo etario que mostró mayor conocimiento de la ley es el comprendido entre los 46 a 60 años (31% de respuestas afirmativas); los que mostraron menos conocimiento fueron los jóvenes de entre 18 y 29 años (22%). Se aprecia una leve diferencia si observan los resultados de acuerdo al género: 28% de los hombres dijo conocer la ley, mientras que en el caso de las mujeres es 25%.
La encuesta se realizó a la población uruguaya mayor de 18 años y tiene un margen de error de más menos 3.3 %.
En Uruguay la ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en octubre de 2008 y reglamentada en 2012, obliga a todos los organismos públicos a brindar información ante la solicitud de los ciudadanos.
La norma señala expresamente que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.
Basta con que el interesado lleve la solicitud escrita ante el organismo correspondiente (ver carta modelo de solicitud) o la presente vía internet (mediante el portal Qué Sabés?), para que el organismo, en un plazo de 20 días hábiles, la responda.
Enterate más sobre el derecho de acceso a la información pública.
May 23, 2014
La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) acordó votar el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) con dos cambios clave: el organismo encargado de aplicar la ley será independiente del Poder Ejecutivo y las sanciones graves se resolverán en la justicia.
Ambos aspectos fueron reclamados tanto desde organismos internacionales como desde la sociedad civil uruguaya, especialmente la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). En dos comparecencias al Senado, la CCD había advertido que otorgar las tareas de control y aplicación de la ley a un organismo que depende directamente de Presidencia, como lo es la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC), debilita seriamente el proyecto y no cumple los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto incluyendo un cambio relevante al texto enviado por el Poder Ejecutivo: eliminó el órgano de aplicación independiente y derivó la tarea a este organismo tras considerar la imposibilidad constitucional de crear cargos 12 meses antes de las elecciones nacionales.
Sin embargo, tras propuesta de la sociedad civil, la bancada del FA aceptó crear el organismo y dejar en suspenso los cargos para luego que caiga la prohibición constitucional. Por lo tanto, se restituyen las tareas del Consejo de Comunicación Audiovisual tal como estaban previstas en el proyecto original.
Otro de los cambios refiere al mecanismo aplicable en caso de que los medios incurran en violaciones a la ley y deban aplicarse sanciones graves, que pueden llegar hasta lla revocación de licencia para transmitir.
El proyecto original delegaba a los cinco miembros del órgano de aplicación de la ley la facultad de decidir pero con la nueva redacción será la justicia civil quien se expida en estos casos. La modificación busca otorgar las mayores garantías ante posibles arbitrariedades o presiones a los medios.
Según trascendió en las últimas horas se prevé que el proyecto pase al plenario de la Cámara de Senadores en el mes de junio para su aprobación. Una vez aprobado deberá regresar nuevamente a Diputados y antes de julio podría recibir sanción definitiva.
La CCD celebra esta noticia y confía en que, tal como han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constituya en un gran avance para la democratización del sistema de medios de comunicación en el Uruguay así como una garantia para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
May 20, 2014
Este jueves 22 de mayo el Estado, la sociedad civil y la Universidad de la República convocan a la primera Mesas de Diálogo sobre Gobierno Abierto, la que lleva por título “Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública”. La instancia de diálogo, abierto a la participación de todas las organizaciones interesadas, tendrá lugar a las 14 hs. en la sede de UNESCO en Montevideo (Luis Piera 1992, Edificio Mercosur).
El gobierno uruguayo adhirió a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA o OGP por sus siglas en inglés) en diciembre de 2012. AGA es una iniciativa multilateral, que ya suma a más de 60 países, con el objetivo de alcanzar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernabilidad.
Dentro del mandato de esta alianza, Uruguay se encuentra ahora terminando la redacción de su Plan de Acción Nacional de gobierno abierto 2014-2015, tarea que coordina AGESIC. El plan nacional se compone de una serie de proyectos, vinculados a la transparencia, los datos abiertos y la probidad, presentados por varios organismos públicos que abarcan temas como salud, turismo, cultura, transporte y educación, entre otros.
Gobierno abierto supone una fuerte participación de la sociedad civil organizada, por este motivo en Uruguay una serie de organizaciones conforman la Red de Gobierno Abierto (RGA), con el objetivo de ser la contraparte del gobierno en este proceso. Desde el trabajo de la RGA y en coordinación con el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, coordinado por AGESIC y al que asisten una serie de organismos del Estado y dos representante de la Red, se acordó la convocatoria a tres mesas de diálogo de gobierno abierto.
Este jueves comienza el proceso de diálogo con la mesa sobre “gobierno abierto y acceso a la información pública”. El objetivo es generar un diálogo sobre las diversas temáticas relacionadas, proponer una agenda de temas para avanzar en materia de acceso a la información pública que aporten iniciativas concretas que puedan ser incluidas en el Plan de Acción Nacional 2014-2015, con el acuerdo de todas las partes interesadas.
Para las mesas el Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto convoca a representantes del Estado, la academia y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la generación de información vinculada a la protección de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). De esta forma se pretende obtener líneas de acción y recomendaciones para el Plan de Acción para desarrollar proyectos vinculados a la información sobre estos derechos, en colaboración entre el Estado y estos sectores.
Las organizaciones que hemos participado en las negociaciones previas para alcanzar estas mesas de diálogo son las siguientes: Centro de Acceso a la Infromación Pública (CAinfo), Centros de Estudios de Software Libre (CESoL), Cotidiano Mujer, DATA, El Abrojo, Proyecto EVA (UdelaR), REDCON, Uruguay Transparente.
Saludamos que este espacio de diálogo se haya concretado y esperamos que el mismo cuente con una amplia representación y se logre avanzar en iniciativas concretas que puedan estar reflejadas en la agenda uruguaya de gobierno abierto.
May 5, 2014
Hoy lunes 5 de mayo se cumple un año de la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo, que establece un mecanismo de denuncia a nivel internacional para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales hayan sido violados y que no hayan obtenido justicia en su propio país.
En febrero de 2013 Uruguay ratificó este instrumento, sumándose así al elenco de 10 países que hicieron posible su vigencia internacional.
Con motivo de la celebración del primer aniversario del PF-PIDESC la Coalición Internacional de ONGs por un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentó hoy un manual para el litigio estratégico en DESC mediante la utilización del Protocolo.
Vea el manual.
May 3, 2014
Hoy sábado 3 de mayo el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) participa del Día Mundial de la Libertad de Prensa difundiendo iniciativas regionales e internacionales que reafirman la importancia de un periodismo libre y sin presiones para fortalecer la democracia.
Para esta jornada organizaciones que integra Cainfo, como la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, lanzaron campañas que buscan destacar la importancia de contar con medios de comunicación independientes, libres y pluralistas como garantía para la protección y promoción de los derechos de información, expresión y opinión.
IFEX emitió un spot audiovisual que recuerda que los valores fundamentales que rigen en una sociedad democrática (participar, fiscalizar, opinar, elegir) se fortalecen con una prensa libre. Sin embargo, entre el año 2012 y 2013 se registraron 27 asesinatos de periodistas en la región, la mayoría aún sin esclarecer.
“La falta de resolución judicial de los asesinatos de los trabajadores de prensa, las amenazas, agresiones, los casos de censura, y los procesos judiciales contra periodistas y medios, alimentan la impunidad” advierte el video difundido por IFEX.
Cilick aquí si no puede ver el spot.
Por su parte, la Alianza Regional lanzó un informe sobre el uso creciente de las cadenas de radio y televisión como medio de control político. Para este documento participaron las 23 organizaciones de los 19 países de las Américas que integran la red.
El uso extendido de las cadenas nacionales de medios audiovisuales por parte de los gobiernos de las Américas se ha vuelto una nueva modalidad de incidir de forma discrecional en el debate público y un nuevo problema para la libertad de expresión.
De acuerdo al informe realizado por la Alianza Regional, el uso de este espacio público es usado en muchos países de la región para mensajes políticos o partidarios, cuando deberían ser el vehículo de campañas de bien público y de un uso plural.
Vea el informe.
El lunes 5 de mayo CAinfo participará del Día Mundial de la Libertad de Prensa organizando una jornada de debate y análisis sobre el papel de la prensa en el año electoral.
La actividad contará con la presencia de especialistas nacionales e internacionales en periodismo, libertad de expresión, políticas de género y de niñez y adolescencia.
Tendrá la participación especial del periodista brasileño José Roberto de Toledo, presidente de la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación (Abraji) y especialista en coberturas de campañas electorales.
La jornada será en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, San José 1330 a partir de la hora 9.
