Abr 10, 2014
Vía Flip
Los colombianos contarán con la ley de transparencia y acceso a la información pública para exigir su derecho a la información como un derecho fundamental. Con esta ley, Colombia se alinea a la tendencia regional de legislación sobre el derecho de acceso a la información que lideran México, Chile y más recientemente Brasil.
La ley empezará a regir en 6 meses para sujetos nacionales y en un año para territoriales. Su objetivo es hacer efectivos los principios de transparencia y máxima publicidad para vencer la cultura del secreto.
Entre los avances de la nueva ley se destacan:
- Las entidades públicas no serán las únicas obligadas a entregar información. También lo serán las personas naturales y jurídicas privadas que cumplan funciones públicas, las empresas prestadoras de servicios públicos y los partidos y movimientos políticos.
- Se establecen unos contenidos mínimos de la información que deben publicar, principalmente servicios y estructura de las organizaciones.
- Las entidades no pueden rechazar solicitudes de información por discrecionalidad, deben presentar pruebas y argumentos para reservarla.
- Se dan garantías para que los diferentes grupos étnicos y culturales accedan a la información que los afecta.
- Se obliga a hacer adecuaciones para que las personas con discapacidad también tengan acceso a la información.
Para periodistas e investigadores la ley será una herramienta que hará más fácil el acceso a la información de interés público. Ahora los recursos de insistencia se pueden presentar directamente ante el tribunal, sin intermediarios.
Abr 3, 2014
Cainfo presentó el informe “Transparencia, rendición de cuentas y Tics en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay”, en el marco de una iniciativa regional que busca promover la transparencia y participación en las defensorías del pueblo.
La investigación se enmarca en la Iniciativa TPA (Transparencia, Participación Ciudadana y Accountability), una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que buscan impulsar el fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la promoción de prácticas de transparencia, participación y rendición de cuentas.
El informe de CAinfo, elaborado por Edison Lanza y Margarita Navarrete, se presentó el pasado martes 25 en el Parlamento ante autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y otros jerarcas de gobierno. También asistió un representante de la organización argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización coordinadora de la iniciativa TPA.
Edison Lanza, director de Cainfo, resaltó el rol clave que cumple la INDDHH en materia de transparencia, provisión de información, interacción con la sociedad y participación. “Necesitamos que la Institución sea campeona de la transparencia, para que otros organismos públicos incorporen buenas prácticas”, señaló Lanza y advirtió que muchos organismos están rezagados en este tema. “El trabajo que estamos presentando hoy puede empezar a cumplir el objetivo de que la INDDHH empiece a ser el ejemplo de transparencia para otros”, finalizó.
La investigadora Margarita Navarrete identificó una serie de fortalezas y debilidades que ha tenido la INDDHH en su proceso de creación, iniciado en 2008 luego de ser sancionada la ley 18.446, y que tomó impulso en 2012 al ser designado el Consejo Directivo de cinco miembros.
Entre los aspectos a destacar Navarrete apuntó el trabajo que ha tenido la Institución como contralor del cumplimiento de Derechos Humanos. Puso como ejemplo el rol activo que tomó ante la reforma a la ley de acceso a la información pública, que pretendió introducir el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas. En esa oportunidad la INDDHH expresó que las modificaciones propuestas por el ejecutivo serían un “notorio retroceso” respecto al derecho al acceso a la información pública, e irían en contra del principio de no regresividad.
Asimismo, Navarrete resaltó como positivo la actuación de la INDDHH ante las denuncias recibidas. El informe detalla que del total de casos recibidos (recogidos en la memoria anual), un 14,6% de las denuncias fueron presentadas por personas jurídicas y/o colectivos, el 3,4% por organismos públicos, y el 82% de las denuncias lo fue por personas físicas.
Del lado de las recomendaciones y puntos a mejorar la investigadora identificó que persisten algunos problemas institucionales que urgen resolver. Particularmente señaló los problemas interpretativos surgidos acerca de la ejecución presupuestal que han impedido desarrollar concursos públicos para contratar un staff técnico. El organismo actualmente cuenta con funcionarios en régimen de “pase en comisión”. Navarrete destaca que para resolver esta situación en el corto plazo se prevé la incorporación de 15 cargos profesionales y técnicos que se contratarán a partir de un concurso de oposición y méritos.
Por el lado de las TICS, la investigación destaca que la página web de la institución (inddhh.gub.uy) puede ser una oportunidad fundamental para mejorar en aspectos como la transparencia activa. En la publicación de información y datos en línea se recomienda a la INDDHH incluir formatos abiertos y reutilizables; y ofrecerlos de manera tal que permitan la accesibilidad al sitio web a las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, Navarrete señaló que sería importante optimizar en el sitio web la información sobre denuncias por casos de violación de los derechos humanos y su seguimiento, realizando Ariela Peralta del Consejo Directivo de la INDDHH el anuncio de incorporación del expediente electrónico a las tareas del organismo.
Muchas de las mejoras (como la revisión de la adscripción institucional al Poder Legislativo) podrían ser tratados en un futuro proyecto de ley que pretenden enviar al Parlamento las autoridades del organismo.
Finalmente, en la presentación del informe, se anunció un convenio entre CAinfo y la INDDHH para trabajar en la inserción digital de la Institución, de forma tal que ayude a desarrollar plenamente sus cometidos y acciones.
Vea o descargue el informe completo aquí.
Abr 2, 2014
El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) que se discute en el ámbito de la comisión de industria del senado recibió un fuerte espaldarazo en los últimos días por parte de distintas organizaciones de derechos humanos.
Guilherme Canela (responsable por los temas de libertad de expresión de Unesco para Sudamérica) y Artículo XIX (organización independiente de Derechos Humanos) manifestaron en las últimos días su apoyo al proyecto de ley, aunque coincidieron en apuntar algunos aspectos que necesitan ser mejorados.
Los estándares internacionales en materia de comunicación impulsan la existencia de regulaciones a fin de “proteger y ampliar” la libertad de expresión, aseguró Canela. En el mismo sentido se expresó Artículo XIX en una carta que envió al Senado su director Thomas Hughes. En la misiva Hughes resaltó la importancia que tiene el proyecto de ley para que el país se adecue a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Sin embargo, Artículo XIX mostró su preocupación por la «falta de garantías» que ofrece el cambio introducido en Diputados, tras lo cual se traspasaron todas las funciones del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) a la URSEC. La organización internacional exhortó al Senado a revocar esta decisión, ya que «la URSEC no es independiente del gobierno» y por lo tanto no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que exigen un organismo regulador independiente del ejecutivo.
«Somos conscientes que este cambio se debió a una traba constitucional» reconoció Artículo XIX, y recomendó «crear un regulador independiente con todas sus funciones y postergar el nombramiento de los cargos para un período luego de las elecciones».
En su comparecencia en Comisión el representante de Unesco, Canela, también apuntó al diseño de la autoridad reguladora independiente, que definió como “la cuestión clave en la construcción de un marco jurídico que proteja y promueva la libertad de expresión en la visión de Naciones Unidas”. Según el especialista, los mecanismos para garantizar la independencia son el proceso de designación de los miembros de manera que no sea exclusivamente la decisión de una autoridad política y a través de los mecanismos de financiación que garanticen su funcionamiento.
Entre sus funciones, Canela señaló el otorgamiento de las licencias, el monitoreo de la aplicación de la ley, recibir las quejas de los ciudadanos y ciudadanas, y aplicar las sanciones. También mencionó la elaboración de guías e instrucciones sobre los principios y contenidos básicos de la ley, que publiquen sus procedimientos internos y que cuenten con un amplio proceso de rendición de cuentas y transparencia.
La existencia de este organismo independiente se puso en cuestión en la redacción dada en el proyecto aprobado por Diputados debido a la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) previsto en el texto original y la atribución de sus funciones a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), que depende directamente de Presidencia.
Ante este planteo de Canela, el presidente de la comisión, el senador socialista Daniel Martínez aclaró a Canela que en la bancada oficialista “existe la absoluta y convencida voluntad de cambiar ese aspecto” y que se buscará la forma de eludir la prohibición constitucional de crear cargos en los doce meses previos a la elección nacional.
En materia de otorgamiento de licencias, Canela enfatizó que el espectro tiene que garantizar la presencia de los medios privados, públicos y comunitarios y que el proceso de otorgamiento de licencias tiene que ser transparente y coordinado por la autoridad reguladora independiente. “las licencias deben tener plazo fijo para empezar y para terminar; las licencias eternas no forman parte de los estándares internacionales como suele ocurrir en algunos países”, destacó.
Regular contenido y propiedad
En materia de regulación de contenidos, Canela recordó que los estándares internacionales los incluyen, con la única excepción de la censura previa. “Existen dos grandes divisiones: las regulaciones negativas de contenido, es decir, lo que no se debe hacer y las regulaciones positivas, o sea, lo que se debe hacer. Las dos son autorizadas por los estándares internacionales”, explicó.
Como ejemplo de la regulación negativa citó las fuertes regulaciones que existen para la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y entre las positivas la necesidad de garantizar el derecho de respuesta.
En cuanto a la regulación de la propiedad, señaló que su objetivo central es “garantizar más diversidad y pluralismo” y combatir la concentración. Aclaró que existen diversos modelos en el mundo a este respecto a fin de regular la propiedad horizontal (cuando un determinado grupo tiene todos los medios impresos de una determinada ciudad), la regulación vertical (cuando el grupo tiene todos los elementos de una cadena de producción) o la regulación de la propiedad cruzada (cuando un mismo holding tiene negocios en internet, cable, papel, televisión, radio, telefonía).
“No solo se debe regular los mecanismos de concentración sino que también hay que exigir transparencia en la propiedad, saber quiénes son los dueños. Mezclar eso con la actuación del órgano regulador y con las regulaciones de contenido es importante para garantizar la pluralidad”, insistió Canela.
