El Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Sistema de Diálogo y Consulta (SDC), un mecanismo para propiciar ámbitos institucionalizados de participación y ampliar el control ciudadano de las acciones desarrolladas por esa institución. Es la primera vez que el servicio exterior uruguayo crea un sistema de participación reglado y dirigido a toda las personas.
El sistema, aprobado el 7 de febrero por decreto con la firma del canciller Luis Almagro y el presidente José Mujica, propone avanzar en cuatro líneas: Acceso a la información, diálogo con la ciudadanía, consulta a la ciudadanía y participación directa. Todos estos ejes tendientes a propiciar participación social en la política exterior que lleva adelante la Cancillería.
Para el acceso a la información el ministerio propone “poner en conocimiento público aquella información de carácter pública relevante, acerca de sus planes, políticas, programas y acciones”. El decreto agrega un compromiso en materia de transparencia activa, estableciendo que toda información “relevante” será publicada en el sitio del organismo. Sin embargo, no se aclara qué tipo de información alcanza esta definición.
Asimismo, los pedidos de acceso a la información podrán cursarse a través de un formulario de solicitud disponible en el sitio web.
El SDC también propondrá acciones tendientes a propiciar el diálogo con la ciudadanía. Para cumplir con este objetivo se convocará un plenario, como mínimo una vez al año, con la sociedad civil, para dictutir, entre otros temas, los objetivos establecidos para el año en curso y una rendición de cuentas del año anterior.
Luego de la exposición “habrá lugar a preguntas e interacción con las organizaciones a los efectos de dialogar sobre acciones futuras en materia de política exterior, con el objetivo de recibir consideraciones sobre el cumpimiento de los objetivos planteados en el año anterior”, señala el decreto.
En el mismo sentido, la cancillería se compromete a habilitar canales de consulta ciudadana. Este mecanismo implica la posibilidad de solicitar opinión por escrito a uno o varias organizaciones sobre temas que se consideren relevantes. Esta opción también incluye la posibilidad de que la ciudadanía participe mediante “ventanillas virtuales” de opinión que se habilitarán cuando la institución lo considere necesario.
El decreto habilita un mecanismo de participación directa: “El ministerio podrá invitar a representantes de organizaciones sociales uruguayas a participar en delegaciones oficiales que asistan a reuniones internacionales de carácter multilateral y regional”.
Finalmente el decreto señala que no se podrá poner a consulta de la ciudadanía asuntos que tengan carácter reservado o secretos conforme la ley.
En materia de minería –actividad que genera resistencia en algunos sectores de la sociedad– el gobierno dejó en claro ayer dos cosas. Una es que Uruguay no puede renunciar a ese recurso. Lo otro, es que no se moverá una piedra por parte de Aratirí sin autorización ambiental. De todos modos, el contrato con esa compañía que reservó 15.000 hectáreas en cuatro departamentos para explotar yacimientos de hierro, se firmará sin que se haga público su contenido.Al mismo tiempo se irán procesando los permisos ambientales.De no concederse los permisos por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el contrato caerá. Para la oposición, el hermetismo con que el gobierno maneja el tema es una falta de transparencia. Desde el gobierno se rechazó esa acusación y se afirmó que se actúa en base a derecho y estableciendo garantías para resguardar el interés del país.
Casi en forma simultánea a que los ministros, Roberto Kreimerman (Industria, Energía y Minería) y Francisco Beltrame (Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) llegaban al Parlamento para informar sobre el acuerdo que se negocia con Aratirí, el presidente José Mujica se preguntó desde su audición en M24 “si puede el Uruguay renunciar a esos recursos. La respuesta es no”, afirmó.“Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser diversificados. No debemos poner los huevos en la misma canasta. Tenemos que sostener la agricultura y multiplicar la forestación y la logística. Hay que incorporar la minería como un recurso. Convivir con todo eso. Siempre hay mercados buenos y malos para muchas cosas. Si somos diversificados, podemos afrontarlo”, aseguró Mujica.
Desde la oposición, sobre todo el convocante de los ministros, el senador colorado Ope Pasquet, se reclamó que el acuerdo con Aratirí sea conocido públicamente antes de firmarse. “Firmar primero es ponerle una enorme presión a la Dinama. El director de la Dinama dijo el año pasado que recibe presiones de la sociedad y del gobierno”, recordó Pasquet.
Sobre ese punto los representantes del Poder Ejecutivo se limitaron a señalar que el texto se dará a publicidad “una vez terminada la negociación” con Aratirí, según lo dijo en sala el ministro Kreimerman.
El diputado Ivan Posada (Partido Independiente) propuso entonces que al menos se le permita a un representante de cada partido de la oposición acceder a las cláusulas reservadas, pero no recibió ninguna respuesta.En medio de la negociación del contrato, el ministro Beltrame reveló que el 14 enero la Dinama intimó a Aratirí a presentar información adicional. Se le reclamó un análisis de impacto urbano, otro de impacto ambiental, sobre la terminal portuaria y el plan de cierre.
La empresa también deberá aportar información sobre el mineroducto que construirá para exportar su producción desde Rocha. Una vez que se presente esa información se estará en condiciones de pedirle a la empresa el informe ambiental primario que será la base para el llamado a una audiencia pública, dijo Beltrame.“El compromiso es brindar todas las garantías a todos nosotros y a las generaciones que vendrán. El contrato garantizará y no condicionará los procesos de control ambiental del proyecto Valentines”, aseveró el secretario de Estado.El senador nacionalsita Carlos Moreira preguntó si “después de firmado el contrato, la Dinama se va a animar a decirle que no, a algo de Aratirí”.La duración de la concesión a Aratirí, aspectos vinculados a las garantías que debe aportar, y datos geológicos que faltan son los aspectos que resta ajustar para firmar el acuerdo con la compañía de capitales de la India que tiene su sede en Londres, dijo a El Observador el ministro Roberto Kreimerman.
Se presentó el informe «Trazando un mapa de los medios digitales: Uruguay». La investigación se propone analizar cómo han cambiado en nuestro país los hábitos de consumo en la era digital y cómo los medios analógicos se desplazan a plataformas digitales.
El trabajo se enmarca en el proyecto mundial “Mapping Digital Media” de la Fundación Open Society, que se viene desarrollando en más de 60 países del mundo y tiene una vocación comparada que permite analizar cómo se dan estos procesos de digitalización entre los distintos países que participan del informe.
Luego de la presentación de la investigadora Rosario Radakovich una serie de panelistas disertaron sobre los temas planteados por la investigación: tecnologías de la información y la comunicación, convergencia, decisiones políticas sobre la digitalizacion, y la definición de que es digital y qué es analógico.
Martín Becerra (investigador, profesor universitario y periodista argentino)
Gabriel Kaplún (director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, UDELAR)
Carlos Varela (Representante Nacional por Montevideo)
Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de UNESCO)
Aleida Calleja (Licenciada en comunicación y activista social de México)
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de Uruguay es un “modelo de legislación” para toda la región, según la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), que publicó este miércoles su ranking mundial de Libertad de Prensa. Vea la infografía. RSF dio a conocer este miércoles el ranking que califica a 180 países y por segundo año consecutivo Uruguay mejoró en la clasificación, ya que en 2012 se ubicaba en el lugar 32, en 2013 subió al 27 y en 2014 alcanzó el 26° lugar de la clasificación. El país se ubicó segundo en América Latina después de Costa Rica (22). En la región, los puestos siguientes corresponden a El Salvador (38), Argentina (55) y Chile (58). La organización realiza esta clasificación en función de seis criterios: pluralismo, independencia de los medios de comunicación, ambiente de trabajo y autocensura, marco legal, transparencia e infraestructura.
Modelo e influencia
El informe de RSF pone especial énfasis en la media sanción del proyecto de LSCA que votó la Cámara de Representantes el pasado 10 de diciembre, y califica a la norma como un “modelo de legislación”. El informe señala textualmente: “Votada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) podría convertirse en una referencia en materia de regulación de los medios de comunicación. El país fue pionero en la región con una ley ad hoc de radios comunitarias, adoptada en 2007. La LSCA contempla redistribuir las frecuencias audiovisuales en tres partes iguales entre los diferentes medios de comunicación: privados, públicos y comunitarios. Asimismo, la LSCA ofrece una garantía importante al prohibir que se otorguen licencias de difusión de forma discrecional, según la línea editorial de las estaciones y los canales. El que exista poca polarización entre los medios de comunicación de este país –en comparación con sus vecinos– favorece a la nueva ley, al igual que el amplio debate que precedió su elaboración y que reunió a los diferentes actores de la sociedad civil.” RSF asegura además que “Las disposiciones generales de la LSCA tuvieron una influencia directa en otras legislaciones de la región encaminadas a una distribución equitativa de las frecuencias audiovisuales entre los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios).”
Mejores y peores
Finlandia, Holanda y Noruega ocupan los tres primeros lugares del ranking de RSF, al igual que en 2013. Finlandia ha tenido las calificaciones más altas en los últimos tres años, Holanda conserva el segundo lugar y Noruega se mantiene en el tercero tras dejar el primer lugar en 2012. A nivel mundial los peores clasificados son Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán, mientras que los latinoamericanos peor ubicados son Cuba (170), México (152) y Honduras (129). Vea el informe completo de Reporteros sin Fronteras
El martes 11 de Febrero, organizaciones de derechos digitales, grupos de la sociedad civil, los autores y los usuarios de Internet a través de seis continentes salieron a las calles digitales para exigir el fin de la vigilancia masiva.
El verano pasado, el contratista NSA Edward Snowden comenzó a filtrar documentos que detallan las alarmantes operaciones de espionaje llevadas a cabo por los EE.UU., Gran Bretaña y otros países aliados. Las revelaciones sobre la ausencia de límites en la vigilancia masiva de parte de los gobiernos han galvanizado personas en todo el mundo, dando lugar a condenas de líderes mundiales y una resolución de las Naciones Unidas para proteger la privacidad en la era digital.
Aquí encontrarás algunas declaraciones de los firmantes de los 13 Principios contra la vigilancia masiva, explicando por qué participron de «el Día que dijimos ¡Basta!»:
Joana Varon, investigadora, Centro de Tecnología y Sociedad y co-editor de la Oficina Antivigilância, Brazil:
«La vigilancia masiva representa no sólo el fin de la vida privada, sino también una grave amenaza para el derecho a la libertad de expresión. No existe democracia alguna en el universo que pueda resistir este escenario. Tenemos que luchar de nuevo o nos acostumbraremos a la autocensura y perderemos toda la espontaneidad que se alimenta de la creatividad. En última instancia, será el fin de la libertad en el sentido más amplio.»
Gus Hosein, Executive Director, Privacy International, United Kingdom:
«Por mucho tiempo, los programas intrusivos de vigilancia gubernamentales han operado en las sombras, fuera del estado de derecho, y sin control democrático de masas. Pero el espionaje masivo no es sólo un problema doméstico. Vigilancia a esta escala amenaza los derechos de las personas en todos los rincones del mundo. La necesidad de la reforma es urgente, pero no se puede llevar a cabo si no hacemos que nuestros gobiernos entiendan que la vigilancia masiva, operando fuera del escrutinio público, amenaza los fundamentos de la democracia. Personas de todo el mundo el 11 de febrero tienen una gran oportunidad para ponerse de pie, luchar, y exigir que nuestra privacidad sea respetada y protegida. Al hacer que nuestras voces se escuchen, daremos el siguiente paso hacia una reforma real.”
Jérémie Zimmermann, spokesperson, La Quadrature du Net, France:
«Estamos frente a un gran desafío. Por un lado, tenemos que conseguir que estas agencias de inteligencia estén bajo control y escrutinio democráticos. Por otro lado – ahora que la confianza en empresas como Google, Facebook o Apple se ha roto para siempre – tenemos que reinventar nuestra relación con la tecnología y recuperar el control de nuestros equipos, en lugar de ser controlado por ellos. Esto sólo puede ocurrir a través de software libre, la arquitectura descentralizada de la Internet, el cifrado de extremo a extremo, y profundos cambios sociales y culturales. Proteger nuestra privacidad significa proteger nuestra intimidad, el único espacio en el que nos encontramos en plena confianza y podemos experimentar con nosotros mismos, con nuevas ideas y opiniones. Es la definición misma de nuestra humanidad la que está en juego.»
Katitza Rodriguez, International Rights Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«La vigilancia puede y amenaza los derechos humanos. Incluso las leyes destinadas a proteger la seguridad nacional o la lucha contra la delincuencia conducirán inevitablemente al abuso si no se controlan y se mantienen en secreto. Los 13 Principios contra la vigilancia masiva establecen una base sólida para la aplicación de los valores de derechos humanos a las técnicas digitales de vigilancia a través de la protección de transparencia, supervisión rigurosa y privacidad que trascienden las fronteras. Hoy, 11 de Febrero, luchamos de nuevo para restaurar nuestros derechos frente al descontrol de la vigilancia estatal.»
«Los gobiernos no deberían ocuparse de espiarnos simplemente porque usamos cifrado fuerte como lo está haciendo la NSA.»
Carolina Botero, Fundación Karisma, Colombia:
«Debemos asegurarnos de que la vigilancia estatal se lleve a cabo en casos excepcionales. Debemos exigir el fin de la vigilancia masiva de las comunicaciones electrónicas y solicitar que las actividades de monitoreo sean ‘necesarias y proporcionadas.'»
Steve Anderson, Director Ejecutivo, Openmedia.ca, Canada:
«La Vigilancia masiva es una amenaza para la libertad de expresión, el comercio y nuestras libertades básicas. Los gobiernos mundiales han traicionado nuestra confianza con sus actividades de espionaje secretas y eso requiere una respuesta. El Día que dijimos ¡Basta! es nuestra oportunidad para trazar una línea en la arena y poner a los gobiernos sobre aviso de que Internet es sobre las nuevas formas de la democracia y la colaboración, no una herramienta con la que gobiernos obsoletos profundicen su control sobre la sociedad.»
Jim Killock, Director Ejecutivo, Open Rights Group, United Kingdom:
«La vigilancia masiva es una amenaza existencial para la gobernabilidad democrática. La corroe mediante la creación de oportunidades para el abuso que se extienden fácilmente a la vida de todos los ciudadanos gracias a las agencias secretas. Esto es más que sólo una cuestión de rendición de cuentas y transparencia, estamos dispuestos a luchar por nuestro futuro como sociedad libre.»
Katarzyna Szymielewicz, Directora Ejecutiva, Panoptykon Foundation, Polonia:
«La vigilancia masiva ha dejado de ser solamente un problema local o nacional. Ha sido posible gracias a la cooperación internacional en todas las jurisdicciones y con independencia de las normas legales. La cooperación de las agencias de inteligencia, los gobiernos y las empresas es el mayor desafío en la lucha contra la vigilancia, sino también la razón por la que tenemos que juntarnos para afrontar una pelea así. Esta es también la razón por la cual la Fundación Panoptykon formuló las 100 preguntas sobre la vigilancia para el gobierno polaco, pero exigió algunas de las respuestas directamente del presidente Obama.»
Micheal Vonn, Policy Director, BC Civil Liberties Association, Canada:
«La vigilancia digital es – y cada vez más – la pregunta más urgente en los derechos humanos del siglo XXI. Lo que algunos han llamado «la batalla por el Internet libre» tiene que ver con las herramientas necesarias para salvaguardar nuestros derechos y la democracia: la libertad de expresión, libertad de asociación, la libertad de prensa; privacidad, la seguridad y la responsabilidad gubernamental.»
Ramiro Álvarez Ugarte, Senior Attorney, Association for Civil Rights, Argentina:
«Los gobiernos de América Latina adoptaron una posición dura frente a la vigilancia masiva revelada por las filtraciones de Edward Snowden. Sin embargo, en la región subsisten prácticas sumamente problemáticas de las que nuestros gobiernos no se hacen cargo. Desde la intercepción rutinaria de las comunicaciones telefónicas hasta el seguimiento de activistas y sindicalistas por parte de los organismos de inteligencia, estas prácticas son usuales y son permitidas por marcos legales obsoletos e ineficientes. Fortalecer nuestras democracias implica luchar contra esas prácticas draconianas y no hay mejor forma de hacerlo que vinculando nuestros esfuerzos con los de la campaña global por el derecho a la privacidad.»
Dr Sean Rintel, Chair, Electronic Frontiers Australia, Australia:
«Electronic Frontiers Australia cree que la existencia de la vigilancia ubicua y mundial en la que participan el Gobierno de Australia y sus aliados «Los Cinco Ojos» es la más grave amenaza para las libertades civiles que hemos visto en 20 años de defensa de los derechos digitales. La vigilancia masiva debilita la privacidad individual, subvierte la presunción de inocencia, y produce escalofríos a la libertad de expresión. Es fundamentalmente incompatible con el buen funcionamiento de las sociedades democráticas. Debemos reafirmar los derechos que constituyen el centro de nuestras sociedades democráticas, y debemos exigir nuevos derechos para protegernos en una nueva era tecnológica. Somos ciudadanos, no los sospechosos.»
Jacobo Nájera, Investigador y desarrollador de software libre, ContingenteMX, México:
«Estamos luchando por un Internet fuerte y capaz de resistir a la vigilancia masiva, para así tener un red habitable socialmente, que albergue el libre flujo de las ideas y de la comunicación.»
Danny O’Brien, International Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Esto no es únicamente una batalla para frenar de nuevo a la NSA o el GCHQ, o cualquier otra agencia de inteligencia. Se trata de dibujar una línea en la arena. Si se crea un aparato secreto que tiene carta blanca para recopilar datos sobre cada usuario inocente de la red, se crea un aparato que puede controlar a los políticos, detectar y silenciar la disidencia, y desmantelar cualquier equilibrio o control democrático. La vigilancia masiva es veneno para la sociedad moderna y abierta. Tenemos que luchar, y tenemos que ganar.»
Richard Stallman, Fundador del Proyecto GNU y la Fundación de Software Libre, United States:
«El nivel actual de la vigilancia general en la sociedad es incompatible con los derechos humanos. Para recuperar nuestra libertad y restaurar la democracia, debemos reducir la vigilancia hasta el punto en que sea posible para los whistleblowers de todo tipo hablar con la prensa sin ser descubiertos. Para hacer esto de forma fiable, hay que reducir la capacidad de vigilancia de los sistemas que utilizamos «.
Laura Tresca, ARTICLE 19, América del Sur:
«ARTÍCULO 19 señala que el tipo y la magnitud de la vigilancia masiva en cuestión tiene un efecto escalofriante sobre el derecho a la libertad de expresión e información. Las personas son mucho menos propensos a expresarse y compartir la información si saben, o sospechan que sus registros personales están siendo recogidos por el gobierno. El seguimiento de las comunicaciones en línea promueve la autocensura. Queremos decir, la aplicación de los mecanismos de vigilancia para el centro de comunicaciones digitales globales amenaza drásticamente la protección de los derechos humanos en la era digital.»
Cindy Cohn, Legal Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Uno de los grandes problemas con lo que la NSA y GCHQ están haciendo es que animan a una carrera descendente en el que cada país está espiando a los ciudadanos de todos los otros países. En «El dia que dijimos ¡Basta!», vamos a empezar a revertir este proceso.»
