Crisis en Venezuela: el derecho a la información, cada vez más amenazado

Crisis en Venezuela: el derecho a la información, cada vez más amenazado

RSF, 26 de febrero de 2014

Las protestas en Venezuela han dado un giro violento y los periodistas que las cubren se encuentran en la primera línea. A través de actos de violencia y de brutal represión, las fuerzas del orden y algunos grupúsculos paramilitares autoproclamados se han convertidos en obstáculos al trabajo de los periodistas. La polarización entre medios de comunicación progubernamentales y de oposición se encuentra en un momento de paroxismo, fruto de una tensión generada desde las elecciones de marzo de 2013. En esa ocasión Reporteros sin Fronteras pidió a los candidatos a la presidencia que se comprometieran a favor del pluralismo y solicitó protección para los actores de la información.

Frente a la crítica situación de la libertad de información y de inseguridad de los periodistas, Reporteros sin Fronteras envía una carta abierta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

París, 26 de febrero de 2014

Señor Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Señor Presidente:

En nombre de Reporteros sin fronteras, deseo informarle de mi fuerte inquietud frente al empeoramiento de la situación de la libertad de información de Venezuela. Nuestra organización internacional que defende la libertad protegida por el arículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no promueve de ninguna manera cualquier interés diplomatico o privado, está particularmente preocupada por las dificultades que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones que tienen lugar en su país desde inicios del mes de febrero de 2014, así como por el refuerzo de la censura en respuesta al movimiento de protesta.

Hasta el día de hoy la organización ha registrado más de 70 incidentes de ataque o agresión a los actores de la información: al menos 60 agresiones físicas o verbales y 13 detenciones, en la mayoría de las cuales se ha robado o destruido el material de los periodistas; hechos a los que se suma el ataque a las oficinas de la cadena nacional Venezolana de Televisión (VTV). Los periodistas han sido agredidos tanto por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, como por algunos manifestantes y grupúsculos paramilitares que aprovechan el movimiento de protesta para sembrar el terror. En este ambiente, marcado por una fuerte tensión, esta cifra podría aumentar si no se ponen en marcha rápidamente dispositivos de protección de los actores de la información. Reporteros sin Fronteras recuerda que en virtud de la Resolución 19/35 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de abril 2012, las manifestaciones contribuyen a la “promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. El papel de los periodistas en los movimientos de protesta es esencial en una democracia abierta, a fin de informar a la población y de mostrar la reacción de las fuerzas del orden.

Por otra parte, las declaraciones de algunos miembros de su gobierno han empeorado la situación. Respecto a las denuncias formuladas públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas, la Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, señaló el 23 de febrero pasado en una entrevista concedida al canal Globovisión: «Ellos hablan de agresiones a unos periodistas, los cuales nosotros nunca hemos tenido conocimiento, la Fiscalía tampoco tiene conocimiento». Puedo asegurarle que los casos documentados por Reporteros sin Fronteras y otras ONG como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) e incluso Human Rights Watch no tienen nada imaginario. Representantes de Espacio Público acompañaron al fotoreportero Gabriel Osorio a hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Reporteros sin Fronteras le solicita urgentemente la creación una comisión parlamentaria que investigue las numerosas exacciones cometidas contra los profesionales de la información desde inicios de febrero de 2014, para que estas agresiones no permanezcan impunes.

Frente a la magnitud de las protestas usted optó por la censura. Ésta no puede constituir una respuesta adecuada. El 11 de febrero pasado el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió a los periodistas en un comunicado que la cobertura mediática de los hechos de violencia podría ser sancionada. Al día siguiente el canal de noticias colombiano NTN24 sufrió una censura directa. Más tarde, la censura se extendió a las redes sociales: se bloqueó el acceso a las fotografías alojadas en Twitter durante aproximadamente 48 horas. El 20 de febrero usted anunció su intención de impedir la difusión del canal estadounidense CNN en territorio venezolano, proceso que ya estaría en marcha, puesto que el gobierno de Venezuela revocó los permisos de trabajo de cuatro corresponsales de la cadena estadounidense que laboraban en el país.

La expulsión y la censura de cadenas internacionales significan la muerte del pluralismo audiovisual, dado que la mayoría de los canales nacionales y locales se encuentran bajo el control del gobierno. La prensa escrita, último atisbo de independencia, se ve obligada a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje debido a la carencia de papel. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec) permite controlar los contenidos e imponer sanciones –a través de la Conatel– a los medios de comunicación que no se alineen.

Una de las principales reivindicaciones de los manifestantes es que el Estado cese de controlar la difusión de la información. Le pedimos que tome muy en cuenta esta petición que sus conciudadanos le hacen.

Es cierto, la información circula hoy en día bajo una forma peligrosamente polarizada, pero sólo a través del diálogo será posible una difusión de información sin roces. Tomamos en cuenta sus denuncias respecto a la manipulación que se ha hecho de ciertas imágenes de las manifestaciones, pero llamamos su atención respecto al carácter antidemocrático de la censura de la información que circula en su país que usted lleva a cabo.

Lo instamos a que considere el pluralismo como un factor determinante del acceso a una información completa y globalmente objetiva. La guerra que lleva a cabo contra lo que usted llama “terrorismo mediático”, encaminada a proteger a la población de una supuesta incitación a la violencia, es en sí misma un factor determinante de esta polarización.

Agradeciendo su atención a esta solicitud, le envío señor Presidente mis saludos más cordiales.

Atentamente

Christophe Deloire Secretario General de Reporteros sin Fronteras

Juez dice que no quiso presionar a periodistas para que revelen sus fuentes

Juez dice que no quiso presionar a periodistas para que revelen sus fuentes

Ayer miércoles los periodistas de la agencia de noticias de Soriano Agesor comparecieron ante el Juzgado Letrado de Primer Turno en lo penal. La justicia citó a los periodistas para conocer quién filtró a la prensa la denuncia por abuso sexual presentada por un militar el año pasado y que el medio publicó en exclusiva.

En un comunicado, la agencia de Soriano aclara que el juez se encargó de puntualizar que la citación a declarar «no se trataba de una medida que pretendía cercenar la libertad de prensa». La intención de citar a los integrantes del medio «no implicaba una medida contra Agesor, ni pretendía poner una mordaza al trabajo que desempeñamo», aclaró el Juez según recoge un comunicado de la agencia.

Días atrás CAinfo y el gremio de la prensa de uruguaya, APU, habían manifestado preocupación por este gesto que significa una presión a los periodistas en el ejercicio de su profesión, y que además ignora todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

La declaración que los periodistas de Agesor hicieron ante la justicia fue en el mismo sentido: «Por nuestra parte le expresamos que entendíamos que con esta medida se pretendía ejercer una presión futura, no específicamente sobre este caso, sino que apuntaba a que, en alguna medida, coaccionar o motivar la auto censura del periodista en casos futuros temiendo posibles represalias», señala el comunicado.

Lea aquí el acta con las declaraciones