Ene 23, 2014
Por: Karina Banfi
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Secretaria Ejecutiva
ARTíCULO XIII es una colección de informes regionales de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, cuyo primer documento trata sobre la regulación de medios en Latinoamérica. Un documento innovador y completo sobre el estado de situación de la libertad de expresión en las Américas que se presenta el día 3 de Mayo, «Día Mundial de la Prensa».
La Alianza Regional es una red que reúne 22 organizaciones no gubernamentales de 19 países de las Américas, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de libertad de expresión y acceso a la información en sus países.
Esta red se creó como un mecanismo de interrelación entre la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos latinoamericanos. La Alianza Regional se constituyó como un foro de la sociedad civil para debatir los logros y los obstáculos en la libertad de la expresión y el acceso a la información pública. Hoy es un punto de encuentro para analizar las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas, a fin de proponer y recomendar estrategias y metodologías comunes para investigar, defender y promover la libertad de la expresión e
información en la región.
En esta oportunidad, presentamos el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado, para mostrar el estado actual del acceso a la información en los países en los que actúan. Estamos convencidos de que la acción colectiva y el apoyo mutuo son una herramienta clave para avanzar en la defensa de la libertad de expresión. Este primer informe regional integra los trabajos elaborados por los miembros, Detalla situaciones específicas que experimentan las organizaciones en cada uno de sus países. Contiene la diversidad de sus opiniones en base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho a la libertad de expresión.
Este informe se propone proveer de datos precisos que sirvan para tomar conciencia del desarrollo del derecho en nuestros países, y de lo que aún resta recorrer. Encontrarán documentos por países que trabaja la red y se mantuvo las especialidades, contenidos y puntos de vista de cada uno de los miembros para su tratamiento.
Por lo tanto, en materia de regulación de medios de comunicación, la Alianza Regional cumple el rol de difundir información y retroalimentarse entre sus miembros para facilitarles los procesos de inclusión y de participación. Los medios de comunicación son instrumentos para el ejercicio de la opinión y pensamiento y difusión de ideas. En caso de regularse el funcionamiento de los medios de comunicación, no podría provocar restricciones en el debate de la diversidad de opiniones y el ejercicio del derecho a expresarse libremente. Por lo tanto, el rol que toma el Estado es de proteger el pluralismo de opiniones y circulación de información como parte de los principios necesarios para el respeto del derecho de la libre expresión. Queremos agradecer la participación de todas las organizaciones miembros que aportaron su análisis de la realidad local y su conocimiento específico sobre la materia.
Ene 23, 2014
Búsqueda, 23 de enero de 2014
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó como «ingenua» la postura de aquellos dirigentes de la oposición que le reclaman que dé más información sobre determinadas compras y procedimientos que realiza la Policía para enfrentar a la delincuencia.
«El derecho de acceso a la información debe ceder ante el interés de preservar la seguridad pública que se sustenta en la efectividad de los servicios policiales», afirmó Bonomi el martes 21 al comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento.
Bonomi fue citado a la Comisión por el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional), porque declaró bajo reserva -al amparo de la «ley sobre acceso a la información pública- la adquisición de material e insumos para la Policía.
La «ley de acceso a la información pública» permite acceder a determinados datos del Estado, pero establece la posibilidad de clasificar la información como reservada o confidencial. Todo aquello que pueda comprometer a la seguridad pública o a la defensa nacional puede entrar en esa categoría.
Durante el 2012, el ministro aprobó ocho resoluciones en las que califica como «reservada» información en poder o producida por sa Secretaría de Estado, según informó «El Observador». En esa categoría incluyó todos los datos vinculados a la estructura edilicia de las distintas dependencias, las «informaciones de urgencia, investigaciones y sumarios administrativos», los datos sobre hechos y personas recabados en los registros policiales, la cantidad de efectivos, móviles y tecnología disponibles, la «estrategia y planificación de las actividades vinculadas a procedimientos de combate a la delincuencia» la infraestructura carcelaria y la compra y venta de «materiales e insumos que utiliza el personal policial, como vestimentas, armas, equipos de comunicación, vehículos de transporte, cantidad de combustible asignado a los mismos, equipamiento para combate de fuego y otros siniestros».
«En el sistema uruguayo no hay forma de ocultar información», dijo Bonomi ante el planteo de Abdala, ya que toda licitación pública o compra directa es remitida al Tribunal de Cuentas.
No obstante, el ministro defendió que se catalogue determinada información como reservada porque de lo contrario se «pondría en riesgo la seguridad pública».
«El crimen organizado he aumentado su potencial para enfrentar a las fuerzas policiales. Consideramos que hay una posición bastante ingenua sobre lo que se puede y debe informar en forma pública. Temo que el diputado cae en esa ingenuidad. Hay que ser cauteloso en la difusión de aquellas circunstancias vinculadas a la seguridad. La información no puede ser difundida y dada a cualquier persona», dijo el jerarca.
Por eso, el ministro entiende que el «derecho de acceso a la información debe ceder ante el interés de preservar la seguridad pública que se sustenta en la efectividad de los servicios policiales».
Bonomi aseguró que el Ministerio del Interior «actuó siempre dentro del marco previsto por la ley» y que hizo «valer» las excepciones en «situaciones fundadas».
El diputado Abdala expresó una posición contraria. Dijo que el Ministerio recurre al «secretismo». «No se puede poner un manto sobre todas las adquisiciones, procedimientos», dijo.
«Sobre declarar la reserva, creo que está claro que el Ministerio ha hecho una evidente extensión desproporcionada sobre el tema, afirmó Abdala. «»Determinadas informaciones» no son todas las compras del Ministerio, ni todos los procedimientos disciplinarios. Se busca obturar, bloquear, limitar, ponerle freno al derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Ministerio».
«Estoy de acuerdo con que la seguridad pública ofrece determinados aspectos que deben ser guarecidos del conocimiento público, salvaguardar estrategia y apuntalar el combate al delito, pero no es un todo vale, el argumento de que hay que combatir a la delincuencia no da para que lo que sea», concluyó.
