MUCHOS DESAFÍOS PARA GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Estudio de Cainfo y FUAP visibiliza la necesidad de que el Estado produzca información para elaborar políticas públicas que aseguren el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. La demanda de información sobre esta temática realizada por ambas organizaciones posibilitó que por primera vez la ANEP elaborara un relevamiento en todas las escuelas públicas del país.
CAinfo y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) presentan el informe “Discapacidad y educación inclusiva en Uruguay”, un trabajo que investiga, a partir del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, la situación del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay. El trabajo se centra en la enseñanza inicial y primaria pública a nivel nacional.
El trabajo mapea la información pública existente en torno al acceso a la educación de los niños/as con discapacidad, identifica los indicadores que releva el Estado y analiza su idoneidad a efectos del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones positivas en lo que respecta a garantizar el derecho a la educación para la población objeto del estudio.
La primera parte sistematiza los datos con los que cuenta el Instituto Nacional de Estadística (INE). De estos datos se desprende que en el país viven un total de 714.962 niños y niñas entre 0 y 14 años, de los cuales 37.953, es decir el 5%, tiene algún tipo de discapacidad permanente. Estos datos del Censo 2011, obtenidos a través del INE, fueron registrados a partir de la autoidentificación de las personas al responder, y no de un diagnóstico técnico sobre la discapacidad de los censados. Asimismo, el 67% de los niños con discapacidad viven en el interior del país, y el 33% en Montevideo.
Además se sistematizaron otros datos de interés: cómo incide la discapacidad por grupos de edades, cuál es la prevalencia e incidencia de los diversos grados de discapacidad entre los niños y niñas según franja de edad.
La segunda parte del informe se dedica a investigar cuáles son los datos disponibles en el organismo a cargo de la enseñanza en el país, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
A través del uso de la ley 18.381, Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, se presentaron diversas solicitudes de acceso a la información a la ANEP y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, para relevar elementos centrales vinculados a la educación de los niños/as con discapacidad a nivel inicial y primaria en el sector público.
La suma de los datos proporcionados por ANEP sobre educación común y especial, indica que en el año 2013 hay una cantidad aproximada de 13449 niños/as con discapacidad asistiendo a centro de educación públicos a cargo del organismo. De ese total, más de la mitad, el 57% (7628) de los niños/as están matriculados en educación especial mientras que el 43% (5821) asiste a las escuelas comunes.
Según estos datos, la mayoría de los niños y niñas con discapacidad se encuentran matriculados en las escuelas especiales. Esta cifra, incluso, supera ampliamente la cantidad de aquellos que de acuerdo a los datos del Censo cuentan con una discapacidad severa. Estos resultados reflejan la persistencia de un modelo basado en la segregación de los estudiantes con discapacidad.
Esta clara tendencia a la matriculación de los niños y niñas en escuelas especiales se profundiza en el interior del país, lo cual da la pauta de un mayor desafío para la inclusión educativa en el interior, en donde a su vez reside la mayor cantidad de niños y niñas con discapacidad.
El documento plantea la escasa disponibilidad de información estadística de calidad sobre el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad con la que ha contado hasta ahora el país. Esta situación da la pauta de la baja visibilidad y aún, jerarquización, que históricamente ha tenido el tema en el ámbito del Estado. El estudio plantea que estos vacíos de información deben ser revertidos para avanzar en el diseño de políticas públicas.
En el apartado conclusiones, el informe resalta que el derecho a la educación inclusiva no se agota en la mera acogida de los niños/as con discapacidad en las escuelas comunes, sino que éste requiere de la adopción de una serie de medidas.
Dentro los ajustes necesarios a nivel institucional el informe remarca que resulta imprescindible: mejorar formación docente (la mayoría de los docentes no cuentan con especialización o capacitación específica para atender sus necesidades especiales educativas, la urgente reversión de esta situación resulta prioritaria para que el país pueda avanzar en garantizar las condiciones mínimas para que los niños y niñas con discapacidad puedan ejercer adecuadamente su derecho a la educación inclusiva); e instrumentar un protocolo que regule el procedimiento de inscripción y permanencia de los niños y niñas con discapacidad en los centros educativos públicos y privados estableciendo garantías para el acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad con sus pares sin discapacidad.
CAinfo y Fuap destacan también la necesidad de avanzar en aspectos vinculados a la facilitación de apoyos especiales, la adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles física y comunicacionalmente. Asimismo la generación de información de calidad resulta necesaria a efectos de posibilitar la efectiva participación de la sociedad en estos asuntos, así como el monitoreo de las políticas públicas y su implementación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
El informe concluye que para avanzar en la satisfacción del derecho a la educación para los niños/as con discapacidad es necesario que el país cuente con un Plan de Acción Nacional para la Educación Inclusiva, que establezca metas y recursos presupuestales específicos, y que contemple de manera integral todos los aspectos que hacen a la inclusión educativa en sus distintas etapas.