CAinfo presenta acción judicial para acceder a información en poder de ANEP y CEIP sobre la situación del derecho a la educación para los niños y niñas con discapacidad

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pùblica (CAinfo) presentó el miércoles pasado una acción judicial de acceso a la información para que la justicia ordene a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) la entrega de una serie de datos relativos a las medidas que ha adoptado el Estado para garantizar el derecho a la educación delos niños/as con discapacidad, y cuál es la inserción que este grupo de la población tiene hoy en el sistema educativo.

Las solicitudes de Acceso a la Información que CAinfo presentó (al amparo de la ley Nº 18.381, Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública) ante los organismos fueron efectuadas en el marco del proyecto “Acceso a la educación inclusiva en Uruguay”. El estudio, realizado en alianza con la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, busca conocer las medidas que el Estado está implementando para garantizar el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad.

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Uruguay aprueba Código de ética de la profesión periodística con el apoyo de la UNESCO

Montevideo, 15 de abril de 2013.

El día viernes pasado, en el marco de la Asamblea General de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se aprobó por amplia mayoría el Código de Ética de la Profesión Periodística en el Uruguay.

Sumando a ejemplos en la región, tales como Chile, el Uruguay ha dado un paso histórico hacia la profesionalización de sus periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación.

Hasta ahora el país no contaba con ninguna estrategia de autorregulación. Se trata sin duda de una herramienta que contribuirá a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión  y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de instancias para evacuar las inquietudes de las audiencias.

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CAinfo forma parte del mecanismo de inspección de la OEA a Uruguay por convención anticorrupción

COMUNICADO – Montevideo, 08 de abril de 2013

 

Una comisión del Mecanismo Anticorrupción de la OEA (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC) visita Uruguay para reunirse con el Estado y diferentes actores de la sociedad civil.

El objetivo es establecer un ámbito de análisis e intercambio que permita contar con información objetiva y completa para conocer eventuales dificultades en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Se propone que el intercambio facilite la obtención de información relacionada con buenas prácticas y brinde al Estado la oportunidad de beneficiarse o solicitar asistencia.

Como parte del mecanismo de inspección entre pares, la comisión que visita nuestro país está integrada por representantes de Antigua y Barbuda y Argentina, así como Uruguay recientemente inspeccionó a Brasil. La comitiva que llegó a Uruguay se reunirá del 8 al 10 de abril con funcionarios de las principales entidades del Estado y representantes de la sociedad civil, entre ellos CAinfo.

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Dos decisiones judiciales trascendentes para el futuro de la ley de acceso a la información

COMUNICADO – 01 de abril de 2013

Suprema Corte la declara constitucional y el TCA apunta problemas del órgano de control de la ley

Dos decisiones judiciales trascendentes para el futuro de la ley de acceso a la información

En los últimos días se conocieron dos sentencias importantes para el derecho de acceso a la información pública en Uruguay. En una ellas la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la constitucionalidad de la ley que lo regula y en la segunda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) estableció que las potestades de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el órgano de control e implementación de la ley, son limitadas.

En la primera, la SCJ desestimó la acción de inconstitucionalidad de la ley N°18.381 de Acceso a la Información Pública presentada por varias empresas de televisión para abonados del interior del país. Estas empresas se presentaron ante el máximo tribunal luego que la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), amparada en la ley de acceso, solicitara el número de abonados que tenía cada una de ellas. Las empresas alegaron que la norma viola la protección de sus datos personales afectando la competencia en el mercado (ver comunicado completo de CAinfo sobre esta solicitud).

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