COMUNICADO – Montevideo, 9 de agosto 2012
El Juzgado de Familia de 19 turno se expedirá en estas horas sobre una acción de amparo presentada por un grupo de abogados/as integrantes de las ONGs Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI), el Comité de los Derechos del Niño y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
La acción fue planteada el 1 de agosto pasado, luego de que la ANEP informara en el mes de abril que solo el 1% de los más de 3 mil locales educativos del nivel inicial y primaria del sector público cuentan con habilitación para funcionar de la Dirección Nacional de Bomberos. La demanda tuvo como antecedente una acción judicial de Acceso a la Información Pública promovida por CAinfo ante la justicia de lo Contencioso Administrativo, en el que se ordenó a la ANEP informar si las escuelas públicas estaban cumpliendo con la normativa relativa a la certificación de bomberos.
La nueva acción que se enmarca en la protección especial de los derechos de los niños y niñas prevista en los art. 195 y 196 del Código de la Niñez y la Adolescencia, procura que el Poder Judicial ordene a la ANEP la regularización de los centros de todo el país en un plazo perentorio, y establezca un mecanismo de seguimiento a efectos de monitorear el avance de las obras y medidas tendientes a obtener la regularización.
Los promotores del amparo entienden que la conducta omisiva del organismo constituye una violación del derecho constitucional de los niños y niñas a ser protegidos en el goce de su derecho a la vida, la integridad física, la salud y la educación en condiciones adecuadas. Al mismo tiempo sostienen que el incumplimiento de normas preventivas como las que se pretenden hacer cumplir, constituye por sí, una amenaza a tales derechos puesto que fueron previstas con el fin de prevenir riesgos y evitar daños graves en caso de siniestro.La certificación de la Dirección Nacional de Bomberos se exige actualmente a toda construcción, excepto las destinadas a casa-habitación de un único núcleo familiar. La misma asegura un mínimo de medidas que procuran la prevención y resguardo de la vida y de los bienes materiales ante la eventualidad de un incendio o siniestro, así como evitar la propagación del mismo en caso que éste ocurra. La certificación acredita la existencia de extintores, bocas de agua (mangueras), señalización de emergencia, detectores de humo, la existencia de un plan de evacuación y que las instalaciones eléctricas cumplan con los requisitos de UTE, entre otras medidas. Los requisitos exigidos varían según el destino de la construcción y las características de las mismas según los parámetros fijados por el Decreto 222/2010.
El lunes pasado tuvo lugar la audiencia en la que se tomó declaración a testigos propuestos por los actores. La audiencia fue prorrogada para hoy jueves a las 14:30 horas con el fin de continuar con el diligenciamiento de la prueba ofrecida por la ANEP.
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI)
Comité de los Derechos del Niño (CDN)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)