Portal 180, 10 de agosto de 2012
Las autoridades de la Educación han “actuado con ilegitimidad manifiesta al incumplir en forma contumaz durante años las normas sobre prevención de incendios”. Esta denuncia es parte de una demanda de amparo que se presentó en la Justicia para que las escuelas públicas y los centros de educación inicial tengan la habilitación de bomberos.
La demanda la presentaron contra la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Primaria. Quienes denuncian son Cainfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública), el Comité de los Derechos del Niño y la cooperativa IACI (Infancia Adolescencia Ciudadana).“Lo que se está violando a raíz de esta situación de incumplimiento son los derechos a ser protegidos que tenemos todos los habitantes del país, y en especial los niños, en el goce de la vida, la integridad física, la salud y la educación en condiciones adecuadas. Estos derechos están reconocidos en la Constitución y también forman parte de las obligaciones que el Estado asume en relación a los niños en el marco de Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Educación”, explicó la abogada Tania Da Rosa, de Cainfo.
Los demandantes piden que se establezca un cronograma de obras y se controle su cumplimiento. Según los datos oficiales de Primaria y Bomberos, hoy sólo 20 centros que tienen esta certificación. En total hay 2.362 centros educativos (de educación inicial y de primaria pública) que atienden a 356.000 niños
El año pasado No toquen nada también realizó un pedido de acceso a información pública y solicitó datos sobre la habilitación de todas las escuelas y liceos públicos de Montevideo y el interior. Según el informe, sólo había 296 instituciones educativas registradas en Bomberos y sólo una, el Liceo 6 de Salto, tenía la habilitación vigente.
La abogada de Cainfo explicó qué buscan con la demanda. “El objeto de esta acción es procurar que el Poder Judicial ordene a la ANEP y a su Consejo de Educación Inicial y Primaria a regularizar en un plazo perentorio todas las certificaciones necesarias de la Dirección Nacional de Bomberos. Además pedimos que el Poder Judicial determine un mecanismo de seguimiento para ir monitoreando los avances”, afirmó.