La Diaria, 16 de julio de 2012- Santiago Sánchez
Ex jerarca advierte debilidades en implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública
Mientras que el gobierno se dispone a comenzar a fines de este mes un concurso, el Premio a la Transparencia, para fomentar “el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático” entre los organismos públicos, una consejera de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que participa en el jurado de dicha instancia, renunció en marzo a su cargo. En diálogo con la diaria explicó que la falta de personal, de recursos y de potestades de la UAIP debilitan a este organismo en el cumplimiento de su tarea.
Sonia Sena fue consejera ejecutiva de la UAIP, organismo encargado de velar por la ley 18.381, de acceso a la información pública, desde su creación en 2009, y presidenta de la unidad en 2010. En marzo de este año renunció, ya que, según dijo a la diaria, la unidad tenía cada vez “más trabajo”, con “asuntos cada vez más complicados y delicados” que exigían mucha atención y, sin embargo, la falta de remuneración del cargo hacía imposible darle una dedicación total, por lo que, “evidentemente, no daba el tiempo para realizar la labor correctamente”. “Si bien sesionábamos una vez por semana, había que estudiar los expedientes y revisar los temas y no parecía serio estar trabajando de esa forma; no poderse dedicar en su totalidad al trabajo de la UAIP”, explicó la ex consejera.
La UAIP tiene tres consejeros ejecutivos, de los cuales uno es José Clastornik, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), organismo del que depende formal y presupuestariamente esta unidad. Los otros dos consejeros son elegidos por el Poder Ejecutivo en función de “sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia” para asegurar “independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad” en el cargo.
Tras la renuncia de Sena, junto con Clastornik quedó en el Consejo Ejecutivo su actual presidenta, María del Carmen Ongay. Esta integración, incompleta, generó que el Consejo Ejecutivo -que puede expedirse en los casos de controversia- no pueda emitir resoluciones en temas que involucren a la Administración Nacional de Educación Pública y a Antel, ya que Ongay es funcionaria del organismo educativo y Clastornik lo fue de la empresa estatal.
Ongay no percibe un salario por su trabajo en la UAIP; tampoco Sena en su momento. A partir de la ley de presupuesto de 2010-2014 obtuvieron una dieta de 1.000 pesos por sesión, que Sena calificó de “simbólica”, puesto que el consejo se reúne una vez por semana. Según aseguró la ex consejera, la legislación que existe sobre este tema en ningún momento especifica que estos cargos deben ser honorarios, por lo que se les podría asignar sueldos.
Otro problema que identificó Sena es la falta de potestades que tiene la UAIP para sancionar a los organismos que no cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública. “La única herramienta que tiene es un informe anual que eleva sobre la situación de la ley de acceso, pero no hay posibilidad de sancionar”, explicó la ex consejera, que dijo que como consecuencia de esto “los organismos cumplen la ley según la voluntad que puedan tener ellos mismos de ser transparentes”, por lo que “se desdibuja el poder” de la UAIP. Según relató, tanto ella como Ongay no tuvieron nunca “contacto” con el Poder Ejecutivo sobre la implementación de la ley, aunque expresó que “hubiera sido positivo tenerlo”.
Sena advirtió además que si bien la ley de acceso es “muy buena”, la unidad no dispone de presupuesto ni de personal propio y eso “merma lo que puede hacerse desde allí”. “Si el Poder Ejecutivo no le proporciona los elementos ni el dinero para moverse y desarrollarse resulta más difícil el trabajo e implantar la ley”, sostuvo, para luego ilustrar que la unidad actualmente “está sin una pata”. Según dijo, fortalecerla es “fundamental” para revertir esta situación. Además, opinó que sería bueno que la UAIP fuera “autónoma”.
En cuanto a los organismos que más han incumplido la ley, consideró que más allá de que eventualmente algunas intendencias puedan haber respetado la norma, han sido los gobiernos departamentales los que han estado “más en debe”: “No sé si es por carencia de medios económicos o porque de alguna forma están más alejados, pero por lo general han sido los más deficitarios en ese sentido”.