Organizaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática llaman a un debate amplio y participativo sobre la relación de los medios con las audiencias y los sectores vulnerables

COMUNICADO – Montevideo, 27 de junio de 2012

Organizaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática llaman a un debate amplio y participativo sobre la relación de los medios con las audiencias y los sectores vulnerables

La propuesta del gobierno de regular los contenidos de violencia excesiva y sexual pone nuevamente sobre la mesa la necesidad imperiosa de que el país apruebe una regulación democrática para los medios audiovisuales que sustituya al marco normativo actual aprobado en la dictadura.

La discusión de la necesidad de marcos normativos para regular distintos fenómenos de la comunicación, se enmarca en la relación de éstos con la sociedad en su conjunto y en la ausencia de políticas públicas y estímulos para los medios de comunicación.

En ese sentido la Coalición por una Comunicación Democrática reivindica el proceso desarrollado en el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en forma participativa y amplia una política integral para los medios audiovisuales.

En ese contexto, las organizaciones que integran la Coalición propusieron y siguen proponiendo una regulación que garanticé la libertad de expresión en los medios, pero que respete los derechos de sectores vulnerables, en cumplimiento con las convenciones internacionales de derechos humanos que aprobó el país referidas a niñez, género, discriminación sexual o por razones de raza, personas con discapacidad, etcétera.

En lo que refiere a la medida propuesta por el gobierno para proteger a niños y niñas de los contenidos de violencia explícita. Entendemos que es necesario ubicar la reflexión sobre esta medida en particular, en el marco más amplio relativo a la regulación de medios y su relación con la infancia y la adolescencia.

La relación de niños, niñas y adolescentes con los medios de comunicación y las pantallas en particular, constituye un elemento central para las democracias actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos de convivencia esta relación adquiere particular relevancia y requiere una regulación integral que abarque el horario de protección al menor, contenidos inadecuados, producción de contenidos y educación para los medios, entre otros capítulos.

Este no es un asunto solo del gobierno, aunque es su responsabilidad. Debatir y acordar socialmente qué tipo de relación quiere la sociedad uruguaya establecer entre sus niños y sus medios de comunicación, requiere ineludiblemente la activa participación de empresarios de la comunicación, de trabajadores y profesionales de los medios, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y por qué no, de los propios niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a los contenidos de violencia extrema, de carácter sexual, discriminación por razón de género o raza, etcétera, que emite a diario la televisión y que afecta a las audiencias en general, cabe similar reflexión. Es posible establecer un marco regulatorio que sancione con posterioridad a la emisión, aquellos contenidos ofensivos por estas razones, todo lo cual requiere reglas claras, una institucionalidad independiente y una defensoría de las audiencias que debería establecerse por ley.

La Coalición reafirma su compromiso con los espacios de participación que se convoquen para discutir y debatir sobre la política de comunicación y aguardamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su anuncio de enviar al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).