Jun 28, 2012
COMUNICADO – Montevideo, 27 de junio de 2012
Organizaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática llaman a un debate amplio y participativo sobre la relación de los medios con las audiencias y los sectores vulnerables
La propuesta del gobierno de regular los contenidos de violencia excesiva y sexual pone nuevamente sobre la mesa la necesidad imperiosa de que el país apruebe una regulación democrática para los medios audiovisuales que sustituya al marco normativo actual aprobado en la dictadura.
La discusión de la necesidad de marcos normativos para regular distintos fenómenos de la comunicación, se enmarca en la relación de éstos con la sociedad en su conjunto y en la ausencia de políticas públicas y estímulos para los medios de comunicación.
En ese sentido la Coalición por una Comunicación Democrática reivindica el proceso desarrollado en el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en forma participativa y amplia una política integral para los medios audiovisuales.
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Jun 26, 2012
La Diaria, 19 de junio de 2012 – Santiago Sánchez
Procuraduría del TCA sugirió desestimar recurso de Antel para mantener en reserva datos de publicidad oficial.
El 3 de marzo de 2009 el periodista Guillermo Draper presentó una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP, órgano de contralor de la Ley 18.381, de acceso a la Información Pública), debido a que, vencidos los plazos legales estipulados, no había obtenido respuesta de Antel por una solicitud de acceso a la información que le había presentado. El pedido hacía referencia a los gastos en publicidad que Antel había realizado entre enero de 2006 y diciembre de 2008.
El 17 de julio de ese año, tras haber entregado la información a la UAIP, Draper fue notificado de la resolución 981/09 de Antel, por la que se resolvió no hacer lugar a la petición. Según la resolución 23/009 de la UAIP, Antel se amparó en el artículo 8º de la ley, que habilita a no entregar información en caso de que la difusión pueda producir una pérdida de “ventajas competitivas” para el sujeto obligado (que compite en algunos de los servicios que brinda con empresas privadas), y en el artículo 10, que considera “confidencial” la información que “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor” y que “esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad”.
A pesar de los argumentos de Antel, la UAIP resolvió el 29 de diciembre de 2009 que el organismo debía entregar la información referida a la publicidad de los servicios que se brindan en régimen de monopolio y elaborar “versiones públicas” de los gastos de publicidad en los casos que se relacionan a servicios que se brindan en régimen de libre competencia. Además, la UAIP observó que la negativa de entregar la información a Draper se hizo fuera del plazo previsto por la ley, que funciona con el sistema de silencio positivo: la norma establece que, en caso de no expedirse en los tiempos previstos, el interesado “podrá acceder a la información”.
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Jun 12, 2012
Portal 180, 07 de junio de 2012 – Nadia Piedra Cueva
La organización feminista uruguaya Mujer Ahora presentó una petición ante la Suprema Corte de Justicia para “mejorar la respuesta del sistema de justicia ante situaciones de violencia doméstica”. En la petición, la organización reclama que se cumpla la legislación actual y los tratados a los que suscribe el país en lo que refiere a medidas cautelares, protección de la víctima y arresto del agresor.
Rosana Medina, abogada de Mujer Ahora, explicó a 180 que la petición que solicita, junto a otras más de 100 organizaciones, grupos, colectivos y redes, está fundada en el artículo 30 de la Constitución y pretende un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante acordada, para erradicar de los tribunales uruguayos las prácticas “que no se ajustan a la legislación nacional e internacional vigente” en lo que refiere a la violencia doméstica o familiar.
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Jun 5, 2012
La Diaria, 05 de junio de 2012 – Lourdes Rodríguez
Expertos redactarán un código de ética periodística de referencia para Uruguay con apoyo de la UNESCO.
En un contexto en el que se discute políticamente la necesidad de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “ley de medios” y el gobierno implementa, tras la aprobación de un decreto regulatorio, un llamado abierto para la asignación de frecuencias para televisión digital, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) financiará la realización del primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación ética en la profesión periodística y en los medios de comunicación.
La iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS) ante la Unesco en octubre de 2011 y fue seleccionada por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de ese organismo entre otras decenas de propuestas similares de otras partes del mundo, después de pasar por varias etapas de ajuste.
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Jun 5, 2012
COMUNICADO, Montevideo, 05 de junio de 2012
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) solicitó al canciller Luis Almagro y al embajador especial para los Derechos Humanos, Milton Romani, que Uruguay mantenga en la OEA su posición de no acompañar la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de recortes a las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión. Estas reformas son defendidas por Ecuador y otros Estados desconformes con el tratamiento de estos organismos, y acompañadas por Brasil y el Secretario General Miguel Insulsa en el marco de una propuesta de reforma de la CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA reunidos en Cochabamba (Bolivia).
En enero de este año, cuando estas recomendaciones se votaron en el Consejo Permanente de la OEA, Uruguay fue uno de los pocos países que se paró firme en contra de este intento de limitar el poder de fuego del organismo que a lo largo de los años ha sido la única garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, la CIDH debería avisar a los Estados miembros de la OEA antes de adoptar cualquier medida cautelar para evitar la violación de derechos fundamentales.
Respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión, si esta reforma prospera no podrá realizar en adelante su tradicional «informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región» -y solo podría disponer de algunos párrafos dentro del informe global de la CIDH-; no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones que trabajan en el mundo por la libertad de expresión; y estaría sujeta a un «código de conducta».
La Relatoría para la Libertad de Expresión, actualmente a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero, ha sido una institución clave en las últimas dos décadas para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en distintos países de la región. Del mismo modo ha promovido estándares y cambios legislativos para remover los obstáculos a las libertades básicas y ha promovido decenas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron e involucran a periodistas, dirigentes políticos, sindicales, indígenas, etc, y ciudadanos en general, que han sido asesinados, penalizados y/o perseguidos por ejercer su derecho a expresarse.
Contacto:
Edison Lanza (Director CAinfo)
099 108 230
