El Universal, México, 26 de octubre de 2011 – Lilia Saúl Rodríguez
En el Derecho de Acceso a la Información en América Latina, siguen existiendo la malas prácticas sin importar si son gobiernos de derecha o izquierda. Así concluye el estudio elaborado por diversas organizaciones de países de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú y México.
El diagnóstico, denominado «Venciendo la cultura del Secreto» y presentado en forma de libro editado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo), organización de Uruguay, documenta las irregularidades y los casos de éxito encontrados en los países arriba citados.
«Ya casi llevamos una década con las leyes de transparencia y queríamos ver cómo andaban los países. Por un lado la cultura del secreto, que fue heredada e incluso el desconocimiento de los ciudadanos así como el abuso del uso de los datos personales para no entregar la información, son algunas de las constantes», explicó Edison Lanza, periodista y además presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAInfo), organización cuya sede se encuentra en Uruguay.
El periodista mencionó que en esta investigación –presentada en los siete países de la región para detectar avances y retrocesos en materia de acceso a la información– detectó que el derecho sigue siendo ejercido en su mayoría por un grupo reducido de ciudadanos como son los empresarios, periodistas y organizaciones no gubernamentales.
«Además de la lentitud de los gobiernos para poner en línea la información, sigue siendo un derecho de élite, no ha desbordado en los ciudadanos de a pie y esto tiene que ver con la poca facilidad que dan los Estados para que los ciudadanos pregunten, además de que tienen que pasar por litigios o procesos kafkianos».
Lourdes Morales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas del CIDE, dijo –durante la presentación del libro, la semana pasada– que no importa si los gobiernos de la región son de derecha o de izquierda, pues aún hay retrocesos en las leyes.
«No importa si son gobiernos de izquierda o de derecha. Se detectó que los obstáculos a vencer son de carácter cultural y de organización y participación. Encontramos también una falta de mecanismos para darle seguimiento a las solicitudes de información, lo cual provoca que los funcionarios oculten datos. En esta situación coinciden México, Chile y Uruguay», explicó Morales.
Sobre todo, dijo la experta, esto ocurre en criterios de materia de seguridad.
«Se intuye que los casos de los amparos en contra de las resoluciones del IFAI, que son más de 250 los casos documentados en este diagnóstico, es para evitar la entrega de la información a los ciudadanos», dijo Morales.
Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (InfoDF) y quien también participó en esta presentación, dijo que en el caso de México, hay poderes que consideran «letra muerta» las leyes de acceso a la información y como ejemplo citó al Poder Legislativo.
Miguel Pulido, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. –organización de México que participó en el estudio– opinó que en el libro se puede ver que por más que se perfeccionen las leyes en materia de transparencia, los funcionarios siempre buscan darle vuelta a la ley.
«En México sólo los particulares pueden recurrir al amparo en la vía judicial (para inconformarse con una resolución del IFAI)…la tendencia a impugnar las decisiones del IFAI es realmente menor. Siguiendo los datos del último informe disponible del mismo Instituto se han presentado alrededor de 250 amparos. Por el perfil de demanda se puede inferir que son presentados en su mayoría por servidores públicos, pues buscan la protección judicial para no entregar la información solicitada», concluyó Miguel Pulido.
Si les interesa el libro lo pueden revisar en la página de CAInfo (www.cainfo.org, está en línea).
¡Nos leemos el próximo miércoles!
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