United Press International, 11 de julio de 2011
El Estado incumplió en el 58% de los casos en los cuales se le pidió acceso a información pública, según un estudio de Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo).
El diario El País consignó hoy que el trabajo detectó, además, que hay «resistencia» de los funcionarios para cumplir con las solicitudes. Uruguay cuenta desde 2008 con una ley de Acceso a la Información Pública que garantiza el derecho de cualquier persona física o jurídica a reclamar información estatal sin necesidad de justificar su interés en ella.
La ley, que se aprobó junto a otras dos normas complementarias (las leyes de Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Archivos), rige para los tres poderes del Estado. Uruguay es el único país del Mercosur que por vía legal asegura el acceso a la información pública. Según lo que prevé la ley, ante un pedido de información, si el organismo público que lo recibe se niega a cumplirlo, el interesado puede presentar una acción de amparo ante la Justicia que, por lo general, emite su fallo de primera instancia en un plazo no superior a 15 días.Sin embargo, más allá de que pasaron tres años de su aplicación, a nivel oficial todavía no hay conciencia sobre lo que la norma implica. En 2010, el 34% de los pedidos de información no fueron respondidos y en un 24% la respuesta llegó fuera de plazo, según una investigación realizada por Cainfo, agregó El País.