La Diaria. Por Lourdes Rodríguez
FA introducirá cambios en políticas de acceso a la información previstas en el presupuesto
Ayer fue el Día Internacional del Derecho a Saber, celebrado desde 2003 para «concientizar» sobre la importancia del acceso a información sobre cómo los gobernantes ejercen el poder y gastan fondos públicos. El jueves una delegación encabezada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) fue recibida por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y planteó críticas a dos artículos del proyecto quinquenal vinculados con el tema.
El Ejecutivo propuso ampliar los tiempos para sistematizar documentos de los organismos públicos estatales y no estatales que deberán proporcionarlos cumpliendo con la Ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), aprobada en 2008. El artículo 34 de esa norma establece que «los sujetos obligados» por ella dispusieran de «un plazo de dos años para adecuar sus registros» y que durante ese período no fueran «pasibles de sanciones» por la «denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información».
El texto del proyecto presupuestal dispone, en el artículo 154, sustituir el plazo de dos años por uno de cuatro. El 165 prevé una partida de 130 mil pesos destinada a los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). Según el informe presentado el jueves al Parlamento, «llama la atención» que «no se haya establecido ese mismo régimen para los consejeros de la Unidad de Acceso a la Información Pública», ya que «se ha presentado estos dos conceptos como equivalentes y las dos caras de una misma moneda».
Desde el Archivo General de la Nación, órgano rector de toda «política archivística» según la Ley de Archivos, Alicia Casas había dicho a la diaria que no fue consultada sobre esas disposiciones (ver la diaria del 13/9/2010). Ayer, el director general de Secretaría del Ministerio de Cultura, Pablo Álvarez, dijo desconocerlas y manifestó su «inquietud» al respecto, agregando que, en todo caso, se trata de competencias directas de Presidencia.
El diputado frenteamplista Carlos Gamou dijo en diálogo con la diaria que el planteo del jueves le hizo «abrir los ojos» y que extender dos años más el plazo le parece «excesivo». No obstante, en su opinión «eso no depende de la buena o mala voluntad» de las instituciones, «pero tiene mucho que ver» con la asignación de recursos.
Gamou explicó que como no existe sanción por el incumplimiento de ese plazo, «prefiere ir por la positiva» y «conseguir una partida que viabilice la posibilidad de acortarlo». En ese sentido, adelantó que planteará que haya otra partida de 130 mil para los consejeros de la Unidad de Acceso o «al menos» que la existente se distribuya en dos partes.
El presidente de Cainfo, Edison Lanza, sostuvo que la disposición del artículo que extiende el plazo puede usarse como respuesta «caprichosa» para negar información, y añadió que el tema de fondo es que «no se está apostando a la implementación de una política pública de transparencia». LR