El juez letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, Dr. Alejandro Mart\u00ednez de las Heras, orden\u00f3 al Banco de Previsi\u00f3n Social (BPS) informar una serie de datos respecto a las prestaciones otorgadas a familiares y personas con padecimientos de salud mental con plazo de 15 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
El fallo surge tras una acci\u00f3n de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica promovida por el Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (CAinfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), en el marco del trabajo que vienen realizando junto a la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomializaci\u00f3n y Vida digna.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia implica un precedente muy importante en cuanto a la aplicaci\u00f3n directa de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con relaci\u00f3n al alcance de las obligaciones del estado en materia de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, reafirmando el deber de los organismos de garantizar la disponibilidad de informaci\u00f3n sobre aquellos aspectos que hacen a sus competencias y cometidos legales.<\/p>\n\n\n\n
En abril de este a\u00f1o y al amparo de la ley N\u00b0 18.381<\/a>, las organizaciones presentaron una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica al BPS para conocer el n\u00famero de personas con padecimientos psiqui\u00e1tricos en Uruguay que reciben pensiones, los criterios para el otorgamiento de las misma y la cantidad de solicitudes de pensiones que son denegadas, entre otros puntos.<\/p>\n\n\n\n La informaci\u00f3n no fue proporcionada por el Banco. Sobre el expediente no recay\u00f3 una decisi\u00f3n fundada del jerarca m\u00e1ximo del organismo, tal como ordena el art\u00edculo 16 de la ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. La instituci\u00f3n notific\u00f3 el pronunciamiento de dos reparticiones del BPS que sostuvieron que la informaci\u00f3n requerida no obraba en su poder.<\/p>\n\n\n\n En la sentencia el Juez Mart\u00ednez de las Heras, desestim\u00f3 los argumentos planteados por la demandada respecto a la imposibilidad de brindar la informaci\u00f3n requerida en funci\u00f3n de que la misma no se encuentra disponible.<\/p>\n\n\n\n El magistrado dio la raz\u00f3n a las organizaciones y entendi\u00f3 que el BPS no se pronunci\u00f3 formalmente ante la solicitud estableciendo que en el caso se configur\u00f3 el llamado silencio positivo (art\u00edculo 18 de la ley), por lo cual el organismo se encuentra en deber de entregar la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Al plantear la acci\u00f3n, Cainfo y el IELSUR se\u00f1alaron el alto inter\u00e9s p\u00fablico de la informaci\u00f3n requerida en momentos en los que se discute en el pa\u00eds el futuro de las pol\u00edticas p\u00fablicas en materia de salud mental. Las organizaciones sostuvieron que \u201csi el BPS no informa cu\u00e1ntas prestaciones por padecimientos psiqui\u00e1tricos concede, cu\u00e1ntas deniega anualmente y cu\u00e1les son los criterios que aplica para una u otra decisi\u00f3n se impide de manera inadmisible en el marco del sistema democr\u00e1tico las posibilidades de monitoreo social\u201d.<\/p>\n\n\n\n Afirmaron adem\u00e1s que el BPS se encuentra obligado a garantizar la disponibilidad la informaci\u00f3n a\u00fan cuando la misma se estuviera dispersa en tanto refiere a cometidos del organismo y queda por tanto amparada en la ley de acceso a la informaci\u00f3n y en las obligaciones asumidas por el Estado en el marco de la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.<\/p>\n\n\n\n En la sentencia, el magistrado hace lugar a la consideraci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico sobre la informaci\u00f3n requerida y reafirma el alcance del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en tanto derecho humano con amplia tutela por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay.<\/p>\n\n\n\n En particular para este caso, la sentencia se\u00f1ala que Uruguay firm\u00f3 y ratific\u00f3 la Convenci\u00f3n de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su art\u00edculo 31 establece: \u201cLos Estados Partes recopilar\u00e1n informaci\u00f3n adecuada, incluidos datos estad\u00edsticos y de investigaci\u00f3n, que les permita formular y aplicar pol\u00edticas, a fin de dar efecto a la presente Convenci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n El mismo art\u00edculo 31 de la convenci\u00f3n (que nuestro pa\u00eds incorpor\u00f3 mediante la ley N\u00b018.418<\/a>) se\u00f1ala: \u201cLos Estados Partes asumir\u00e1n la responsabilidad de difundir estas estad\u00edsticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas\u201d<\/p>\n\n\n\n En funci\u00f3n de lo expuesto, el magistrado argumenta en su fallo que no es \u201crazonable\u201d que la informaci\u00f3n requerida \u201cno obre en poder de la demandada en funci\u00f3n de sus competencias y cometidos legales\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por lo tanto, agrega, \u201csi la informaci\u00f3n peticionada de notorio inter\u00e9s p\u00fablico no obra en poder de la demandada debe concluirse que se est\u00e1 incumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado mediante la sanci\u00f3n de la ley 18.418<\/a>. No se impone por la presente la creaci\u00f3n de informaci\u00f3n sino el cumplimiento de la ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en funci\u00f3n de las obligaciones impuestas al Estado\u201d por la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.<\/p>\n\n\n\n \u2014\u2014<\/p>\n\n\n\n CAinfo y IELSUR se encuentran realizando un trabajo en conjunto con la Asamblea Instituyente con el objetivo de recabar informaci\u00f3n que permita conocer y documentar la situaci\u00f3n de las personas con padecimientos psiqui\u00e1tricos que est\u00e1n internadas en los distintos centros y colonias. En este sentido, el mes pasado se lanz\u00f3 el sitio www.salud.org.uy<\/a>, web para el monitoreo de la situaci\u00f3n del derecho a la salud en Uruguay.<\/em><\/p>\n\n\n\n Esta l\u00ednea de trabajo forma parte del proyecto regional \u201cInformaci\u00f3n para la Acci\u00f3n\u201d que busca avanzar en la exigibilidad del derecho a la salud a trav\u00e9s del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. El proyecto se viene implementando simult\u00e1neamente en Argentina y Uruguay y es coordinado por CAinfo y ACIJ con el apoyo del programa Human Rights Initiative de Open Society Foundations.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El juez letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, Dr. Alejandro Mart\u00ednez de las Heras, orden\u00f3 al Banco de Previsi\u00f3n Social (BPS) informar una serie de datos respecto a las prestaciones otorgadas a familiares y personas con padecimientos de salud mental con plazo de 15 d\u00edas. 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