Ricardo P\u00e9rez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tiene un esquema en la pared de su despacho como ayudamemoria para ordenarse los 20 recursos a la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual (LSCA) que se presentaron. \u201cEs una ley absolutamente detallista\u201d, dijo ayer en conferencia de prensa, y hay impugnaciones de alcance variado: algunas apuntan a la norma en forma general y otras a art\u00edculos espec\u00edficos. Sobre una de ellas, la que present\u00f3 Directv contra 27 art\u00edculos (de un total de 202), la SCJ se pronunci\u00f3 el martes y le dio la raz\u00f3n en cuatro, algunos por consenso de los cinco ministros (Manrique, Jorge Chediak, Felipe Hounie, Mar\u00eda Elena Mart\u00ednez y Jorge Larrieux) y otros por mayor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El \u00fanico que fue declarado enteramente inconstitucional por vulnerar el derecho a la propiedad fue el 55, que limita el n\u00famero de suscriptores de las empresas de televisi\u00f3n para abonados a 25% del total de hogares. Los otros tres fueron declarados parcialmente inconstitucionales. El 39, en su inciso 3, habilita al Poder Ejecutivo a designar a cualquier evento como de inter\u00e9s general y, por ende, a disponer que se transmita en televisi\u00f3n abierta y en simult\u00e1neo; la norma aplica esa medida a los partidos definitorios de \u201cinstancias internacionales y en instancias clasificatorias\u201d de las selecciones nacionales de f\u00fatbol y de b\u00e1squetbol. Chediak critic\u00f3 ayer en la conferencia la vaguedad de la definici\u00f3n de \u201cevento de inter\u00e9s general\u201d, un argumento que comparti\u00f3 con Larrieux para bochar el art\u00edculo por implicar \u201cuna expropiaci\u00f3n\u201d, aunque este argumento qued\u00f3 en minor\u00eda en la SCJ. El art\u00edculo 60 en su literal C, que obliga a los canales a que 30% de la programaci\u00f3n nacional sea de producci\u00f3n o coproducci\u00f3n nacional y que para Chediak -que en la votaci\u00f3n qued\u00f3 en minor\u00eda- equivale pr\u00e1cticamente a \u201cdise\u00f1arle la grilla a los medios de comunicaci\u00f3n\u201d. Por \u00faltimo, el art\u00edculo 98 en su inciso 2, que habilita al Estado a suspender las transmisiones de los canales que no permitan inspecciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaci\u00f3n, una medida que seg\u00fan la SCJ vulnera el proceso administrativo.<\/p>\n\n\n\n
A partir del fallo, esos cuatro art\u00edculos dejan de aplicarse a Directv, pero a\u00fan corren para el resto, incluidos quienes presentaron otros recursos de inconstitucionalidad. Ya est\u00e1 acordada y en proceso de redacci\u00f3n la sentencia sobre el que present\u00f3 el Partido Independiente; P\u00e9rez Manrique dijo ayer que la decisi\u00f3n sobre el caso Directv no es vinculante para otras futuras, por lo que la SCJ podr\u00eda dar fallos distintos para impugnaciones de distintos actores sobre un mismo art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n
Mart\u00edn Prats, abogado y director del Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (Cainfo), entiende que en el sistema uruguayo es esperable que, si no cambia la integraci\u00f3n de la SCJ, el fallo sea el mismo. Prats ve el vaso medio lleno: \u201cNo estamos de acuerdo con el criterio de la corte, pero ante la cantidad de art\u00edculos que ha impugnado Directv, el fallo es un respaldo a la ley, e implicar\u00eda que el Poder Ejecutivo puede instrumentar el Consejo de Comunicaci\u00f3n Audiovisual designando a sus autoridades. Estamos expectantes\u201d, dijo a la diaria.<\/p>\n\n\n\n
Publicado en La diaria, 7 de abril de 2016<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ricardo P\u00e9rez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tiene un esquema en la pared de su despacho como ayudamemoria para ordenarse los 20 recursos a la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual (LSCA) que se presentaron. \u201cEs una ley absolutamente detallista\u201d, dijo ayer en conferencia de prensa, y hay impugnaciones de alcance… <\/a>","protected":false},"author":2,"featured_media":841,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[155],"tags":[],"class_list":["post-840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-publicaciones"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=840"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":842,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/840\/revisions\/842"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/841"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}