Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el d\u00eda del Periodista, Cainfo, APU y la Coalici\u00f3n por una Comunicaci\u00f3n Democr\u00e1tica saludan a todos los\/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la informaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del pa\u00eds algunos temas que tienen directa vinculaci\u00f3n con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Uruguay ocupa en este momento una posici\u00f3n destacada en materia de libertad de expresi\u00f3n, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los \u00faltimos a\u00f1os y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jur\u00eddico a los est\u00e1ndares interamericanos. As\u00ed result\u00f3 un impulso importante la despenalizaci\u00f3n de los llamados delitos de comunicaci\u00f3n, la ley de radiodifusi\u00f3n comunitaria, la ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y m\u00e1s recientemente la ley de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo a\u00fan queda planteado el reto de la adecuada implementaci\u00f3n de algunas de estas disposiciones legales y la profundizaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n legal en la materia, de manera de garantizar que el pa\u00eds cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los est\u00e1ndares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, as\u00ed como el fortalecimiento de la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la implementaci\u00f3n de la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual.<\/p>\n\n\n\n
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresi\u00f3n y el ejercicio de la actividad period\u00edstica. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condici\u00f3n privilegiada para ello.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n planteamos algunas cuestiones que \u2013 a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n
A casi dos a\u00f1os de aprobada la Ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementaci\u00f3n como forma de dar certezas jur\u00eddicas. Para ello no s\u00f3lo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicaci\u00f3n Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual, que deber\u00e1 ser consultado en forma perceptiva para la elaboraci\u00f3n del reglamento de la ley.<\/p>\n\n\n\n
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo P\u00e9rez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7\u00b0 Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoam\u00e9rica, expres\u00f3 sobre este tema: \u201cDe unos 200 art\u00edculos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos art\u00edculos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creaci\u00f3n de un organismo independiente y con integraci\u00f3n multisectorial\u2026 ha superado el test de constitucionalidad, as\u00ed como la gran mayor\u00eda de la norma\u201d, por lo que, \u201cen este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte\u201d. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n\n\n\n
Es un hecho alentador en materia de promoci\u00f3n y garant\u00edas de la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n (CAINFO) con el objetivo de establecer criterios m\u00e1s transparentes y justos para la asignaci\u00f3n de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana cont\u00f3 con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permiti\u00f3 su tratamiento parlamentario.<\/p>\n\n\n\n
Una ley de regulaci\u00f3n de la publicidad oficial otorga garant\u00edas jur\u00eddicas y democr\u00e1ticas para que la distribuci\u00f3n de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos p\u00fablicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicaci\u00f3n en funci\u00f3n de sus l\u00edneas informativas.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente el Proyecto est\u00e1 a consideraci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n y C\u00f3digos de la C\u00e1mara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobaci\u00f3n constituir\u00eda un gran avance para la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n para nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La ley 18.381 que entr\u00f3 en vigor en octubre de 2008 regul\u00f3 el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de raigambre constitucional. La aprobaci\u00f3n de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que cont\u00f3 el apoyo del sistema pol\u00edtico. Sin embargo hoy a 8 a\u00f1os de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementaci\u00f3n de la ley a\u00fan persisten obst\u00e1culos.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadan\u00eda acceder a informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico a trav\u00e9s del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requiri\u00f3 ir a la justicia y\/o al \u00f3rgano de control, la Unidad de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica.
Los obst\u00e1culos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificaci\u00f3n de informaci\u00f3n, as\u00ed como a la incorrecta aplicaci\u00f3n del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tard\u00eda de la informaci\u00f3n y\/o de manera incompleta.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y est\u00e1ndares legales para la clasificaci\u00f3n de informaci\u00f3n y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la informaci\u00f3n sea aportada de manera clara, completa y oportuna.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los est\u00e1ndares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la informaci\u00f3n en el pa\u00eds resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deber\u00edan apuntar a fortalecer el \u00f3rgano de control previsto en la ley, ampliar la n\u00f3mina de sujetos obligados y perfeccionar el r\u00e9gimen de excepciones entre otros asuntos.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresi\u00f3n que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesi\u00f3n. A pesar de ser uno de los pa\u00edses de la regi\u00f3n con los mejores \u00edndices en este sentido, persisten en el pa\u00eds algunas pr\u00e1cticas que afectan el ejercicio period\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n
S\u00f3lo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logr\u00f3 confirmar la existencia de 21 casos, la mayor\u00eda de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden se\u00f1alarse mayoritariamente la obstrucci\u00f3n del trabajo period\u00edstico por parte de autoridades de organismos p\u00fablicos, pero tambi\u00e9n se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico.
Desde que comenz\u00f3 a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el per\u00edodo que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos m\u00e1s eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesi\u00f3n, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la poblaci\u00f3n al acceso de una informaci\u00f3n veraz, oportuna y de calidad.<\/p>\n\n\n\n
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y pol\u00edtica en lo que resta de este per\u00edodo de gobierno.<\/p>\n\n\n\n
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