El inicio de una demanda penal por parte del expresidente de Ancap Jos\u00e9 Coya contra el periodista Daniel Isgleas y el diario El Pa\u00eds viene a sumarse a una serie de juicios concretados (o anunciados) por parte de funcionarios p\u00fablicos contra trabajadores o medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios u otras personas afectadas por coberturas period\u00edsticas de inter\u00e9s p\u00fablico implica un atentado contra la libertad de expresi\u00f3n y as\u00ed ha sido se\u00f1alado por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisi\u00f3n Interamericana o la Relator\u00eda Especial que funciona en ese \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n
El monitoreo de amenazas a la libertad de expresi\u00f3n de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (CAinfo) junto con la Asociaci\u00f3n de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresi\u00f3n (IFEX) registr\u00f3 16 casos de hostigamiento a periodistas a trav\u00e9s de la Justicia desde su inicio en 2014. La mayor\u00eda de ellos implic\u00f3 la presentaci\u00f3n de demandas como represalia por las coberturas.<\/p>\n\n\n\n
En lo que va del a\u00f1o se han sumado varios episodios que representan una amenaza contra los periodistas involucrados y adem\u00e1s implican una intimidaci\u00f3n indirecta contra el resto de los colegas.<\/p>\n\n\n\n
En la lista de demandas que tomaron estado p\u00fablico en los \u00faltimos d\u00edas se incluyen las del expresidente de Ancap Jos\u00e9 Coya contra el diario El Pa\u00eds y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administraci\u00f3n de Servicios de Salud del Estado Susana Mu\u00f1iz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n anunciaron su intenci\u00f3n de recurrir a la Justicia el vicepresidente Ra\u00fal Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autor\u00eda de un libro y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Se\u00f1a de Canal 4.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la incidencia de las coberturas medi\u00e1ticas en distintos asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico ha sido atacada por algunos de los involucrados.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, por ejemplo, el abogado Gonzalo Fern\u00e1ndez consider\u00f3 que su defendido Fernando Calloia se vio afectado por la cobertura del caso Pluna que realiz\u00f3 la prensa, ya que fue \u201cprisionero de la \u2018justicia espect\u00e1culo\u2019, permanentemente interferida por los medios masivos de comunicaci\u00f3n\u201d y atribuy\u00f3 a estos haber incurrido en un \u201cesc\u00e1ndalo period\u00edstico\u201d(1)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En el mismo sentido, el abogado Oscar Algorta amenaz\u00f3 a la radio El Espectador con iniciar acciones legales si no se retiraba de su p\u00e1gina web una informaci\u00f3n vinculada a su car\u00e1cter de indagado en una causa por lavado de activos(2)<\/strong>. Tambi\u00e9n el presidente del club Nacional Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez amenaz\u00f3 con iniciar juicio contra periodistas que informaron sobre el asesinato de un hincha de Pe\u00f1arol en la ciudad de Santa Luc\u00eda en 2016.<\/p>\n\n\n\n En la \u00faltima d\u00e9cada Uruguay ha sido reconocido en la regi\u00f3n por sus avances en materia de libertad de expresi\u00f3n, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron entre otros progresos la despenalizaci\u00f3n de los delitos de comunicaci\u00f3n, con la aprobaci\u00f3n de la Ley N\u00ba 18.515 en julio de 2009(3)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, el actual relator especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explic\u00f3 que \u201cen lo medular todos los conflictos entre la libertad de expresi\u00f3n y el honor de funcionarios o personas p\u00fablicas salen de los juzgados penales, salvo que un profesional publique una informaci\u00f3n a sabiendas que es falsa o con absoluto desprecio por la verdad, as\u00ed como cuando no medie un inter\u00e9s general en la publicaci\u00f3n de detalles de la vida privada de una persona p\u00fablica\u201d(4)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Lanza a\u00f1adi\u00f3 que \u201cen la generalidad de los casos, las informaciones de inter\u00e9s p\u00fablico, publicadas con la correspondiente verificaci\u00f3n, no generan responsabilidad penal del periodista y deben dirimirse en la \u00f3rbita civil\u201d.<\/p>\n\n\n\n En consideraci\u00f3n de todos estos hechos, CAinfo exhorta a los funcionarios p\u00fablicos a evitar medidas que impliquen un hostigamiento a trav\u00e9s de la Justicia penal de los periodistas. Existen mecanismos legales -como el cap\u00edtulo III de la Ley 16.099 en el que se establece el derecho de respuesta \u2013 que permiten garantizar que las personas puedan dar su versi\u00f3n de los hechos cuestionados.<\/p>\n\n\n\n 1 Semanario B\u00fasqueda, edici\u00f3n N\u00b01932 del 24 de agosto de 2017, p\u00e1g. 3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n 2 Algorta amenaza con juicio por difamaci\u00f3n. Sitio Sudestada. 2 de junio de 2017. https:\/\/goo.gl\/qU9gZu<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n 3 Ley N\u00ba 18.515. https:\/\/legislativo. 4 Con la aprobaci\u00f3n de las modificaciones a la ley de prensa APU concreta reivindicaci\u00f3n hist\u00f3ricahttps:\/\/goo.gl\/qM1adt<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El inicio de una demanda penal por parte del expresidente de Ancap Jos\u00e9 Coya contra el periodista Daniel Isgleas y el diario El Pa\u00eds viene a sumarse a una serie de juicios concretados (o anunciados) por parte de funcionarios p\u00fablicos contra trabajadores o medios de comunicaci\u00f3n. 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