COMUNICADO -Montevideo, 21 de febrero de 2013<\/p>\n\n\n\n
El Parlamento Nacional est\u00e1 discutiendo acerca del proyecto de ley de Miner\u00eda de Gran Porte (MGP) con el objetivo de \u201cdotar al Pa\u00eds de un instrumento moderno de pol\u00edtica de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deber\u00e1 asegurar la protecci\u00f3n del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizar\u00e1 la actividad, as\u00ed como las necesidades nacionales de desarrollo econ\u00f3mico.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Este proyecto resulta de la necesidad de regular posibles inversiones que se har\u00edan en Uruguay para la extracci\u00f3n de metales y minerales, como la programada por Aratir\u00ed a trav\u00e9s del Grupo Zamin. Se trata de una industria extractiva, en la modalidad de \u201ccielo abierto\u201d que en distintas partes del mundo ha sido denunciada por producir altos niveles de contaminaci\u00f3n y diversos impactos para las comunidades locales.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n se resume el an\u00e1lisis de los aspectos de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n y participaci\u00f3n del referido proyecto de ley, presentado por el Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (CAinfo) y GAIA URUGUAY. Derecho Ambiental (GAIA), el jueves 14 de febrero en la Comisi\u00f3n Especial de Diputados que trata el proyecto de MGP.<\/p>\n\n\n\n
El derecho a la informaci\u00f3n p\u00fablica es una precondici\u00f3n para la efectividad de los instrumentos de gesti\u00f3n y protecci\u00f3n del ambiente; sin acceso a la informaci\u00f3n es muy dif\u00edcil participar y sin participaci\u00f3n no se logra la legitimidad que las pol\u00edticas ambientales y de ordenamiento territorial requieren.<\/p>\n\n\n\n
El presente proyecto de ley de MGP no solo cuenta con garant\u00edas insuficientes en lo que hace al acceso a la informaci\u00f3n, la transparencia y la participaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s contiene una serie de art\u00edculos que constituyen un grave retroceso en los est\u00e1ndares de transparencia que el pa\u00eds aprob\u00f3 a trav\u00e9s de la Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (No. 18.381).<\/p>\n\n\n\n
Tanto el art\u00edculo 24 como el 60 del proyecto regulan las exigencias de los contratos de nuevos proyectos y los informes anuales que deben de presentar los proyectos en ejecuci\u00f3n, respectivamente, e imponen la confidencialidad como moneda corriente.<\/p>\n\n\n\n
Tanto los proyectos como los informes contienen informaci\u00f3n sumamente relevante para el monitoreo y el contralor, tales como: condiciones del derecho de permanencia, monto de inversiones programadas, producci\u00f3n media y m\u00e1xima esperada, cumplimiento del volumen de producci\u00f3n m\u00ednima y las inversiones realizadas, nueva informaci\u00f3n relevante para el proyecto minero tales como estudios, muestras, testigos, resultados de laboratorio, etc.<\/p>\n\n\n\n
Toda esta informaci\u00f3n parece ser esencial para que se pueda hacer un control de las obligaciones de las empresas y sus explotaciones, de las obligaciones del Estado Uruguayo de garante de la calidad del medio ambiente y protecci\u00f3n de los recursos naturales <\/strong>y del impacto ambiental, social y econ\u00f3mico. Pensar en la participaci\u00f3n ciudadana que no cuente con este tipo de informaci\u00f3n es irreal, y genera espacios de simulaci\u00f3n de transparencia y participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Llama la atenci\u00f3n que el proyecto de MGP establezca un r\u00e9gimen especial de transparencia para la Miner\u00eda de Gran Porte que es menos beneficioso para los ciudadanos que la vigente Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (No. 18.381).<\/p>\n\n\n\n Esas disposiciones permiten a la empresa y al Poder Ejecutivo declarar confidencial buena parte de los contratos que firman, algo que viola la ley de AIP, el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n e incluso la forma de interpretar las excepciones establecidas en la propia ley. Por otra parte, es un derecho de las personas que un tercero imparcial, en el caso de la ley la Unidad de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y el propio Poder Judicial, decidan si una informaci\u00f3n declarada reservada por un organismo fue quitada del escrutinio p\u00fablico en forma leg\u00edtima. Este r\u00e9gimen especial le quita a la UAIP la posibilidad de controlar la clasificaci\u00f3n de informaci\u00f3n respecto a este tema, en desmedro del Poder Ejecutivo (que es juez y parte).<\/p>\n\n\n\n Este ocultamiento de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de las cl\u00e1usulas de confidencialidad se ve reforzado por el art\u00edculo 25, seg\u00fan el cual las empresas le pueden solicitar al Ministerio de Industria, Miner\u00eda y Pesca (MIEM), que con anuencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), declare como confidencial cualquier tipo de dato.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, se intentan crear algunas garant\u00edas para la transparencia y la participaci\u00f3n. El art\u00edculo 49 del proyecto de ley dice que el Poder Ejecutivo promover\u00e1 la transparencia y el acceso, bas\u00e1ndose en algunas herramientas internacionales. Exijamos que tales herramientas y est\u00e1ndares sean las que ya existe y obligan al Estado uruguayo como todas aquellas provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus declaraciones y principios, y la ley modelo que propone, as\u00ed como a nivel nacional, la ley 18:381 que regula el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Por lo tanto, lo que queremos dejar sentado es la hipocres\u00eda existente, ya que la Canciller\u00eda incorpora en su discurso internacional su compromiso con el cumplimiento con el Principio 10, extremo que no se cumple en este proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n CAinfo y GAIA han mantenido reuniones con la Directora de Medio Ambiente de la Canciller\u00eda, quien manifest\u00f3 el inter\u00e9s de Uruguay en contribuir a esta alianza y a este proceso de transparencia, pero por otro lado, nos encontramos con un instrumento de este tipo que constituye un retroceso en este sentido.<\/p>\n\n\n\n Actualmente CAinfo y GAIA se encuentran realizando un informe sobre la situaci\u00f3n del acceso a la informaci\u00f3n en Uruguay, la intenci\u00f3n de estas organizaciones es denunciar el incumplimiento del principio 10 que implica este proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n Cabe resaltar que este punto ya tiene un desarrollo en la Corte Interamericana de Derecho Humanos ya que ha habido algunos fallos a favor de comunidades afectadas por proyectos que afectaron su ambiente. En el caso Chile versus Reyes La Corte conden\u00f3 a Chile por no haber informado a los afectados por la tala de bosques y oblig\u00f3 al estado a resarcir a los afectados. Tambi\u00e9n fall\u00f3 en el caso Sarayaku contra Ecuador, este pueblo ind\u00edgena concurri\u00f3 a la Corte Interamericana por no haber sido informada sobre unos proyectos mineros en su territorio, La Corte dictamin\u00f3 que la minera deb\u00eda irse de esas tierras por no haber cumplido con informar a las comunidades sobre el proyecto.<\/p>\n\n\n\n Es decir, estamos hablando de un tema de base. Adem\u00e1s, este tipo de cosas genera mucha m\u00e1s agitaci\u00f3n social porque la gente no tiene acceso a la informaci\u00f3n. Por l\u00f3gica, se piensa que por algo no se quieren decir las cosas aunque se siga adelante con los proyectos. Entonces, se presentan este tipo de recursos ante la Corte Interamericana que, reitero, conden\u00f3 a Ecuador y a Chile a indemnizar a los da\u00f1ados y al retiro de las mineras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"COMUNICADO -Montevideo, 21 de febrero de 2013 El Parlamento Nacional est\u00e1 discutiendo acerca del proyecto de ley de Miner\u00eda de Gran Porte (MGP) con el objetivo de \u201cdotar al Pa\u00eds de un instrumento moderno de pol\u00edtica de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deber\u00e1… <\/a>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[155],"tags":[],"class_list":["post-1463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-publicaciones"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1463"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1464,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463\/revisions\/1464"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Estas disposiciones violan el Principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que, reconoce que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos interesados. Para ello toda persona deber\u00e1 tener acceso adecuado a la informaci\u00f3n as\u00ed como la oportunidad de participar en los procesos de adopci\u00f3n de decisiones y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n contradicen la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y la Constituci\u00f3n uruguaya en sus art\u00edculos n\u00b0 29, 72 y 82.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo el art\u00edculo 5\u00ba donde se pretende regular la difusi\u00f3n y participaci\u00f3n, es sumamente cuestionable. Propone promover la participaci\u00f3n, entre otras formas mediante la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de seguimiento, asociada a todo proyecto de MGP. Si bien en primera instancia no parece una mala propuesta, a continuaci\u00f3n se lee una condicionante muy preocupante \u201cLa Comisi\u00f3n de Seguimiento constituir\u00e1 un \u00e1mbito de participaci\u00f3n y recibir\u00e1 informaci\u00f3n econ\u00f3mica y ambiental relevante y no confidencial\u201d. La desigualdad de informaci\u00f3n entre los miembros de una comisi\u00f3n es inhabilitante de la participaci\u00f3n en condiciones de igualdad, por tanto es tan solo figurativa.<\/p>\n\n\n\n
A su vez no quedan claras una serie de pautas como la forma de funcionamiento de las comisiones, el nivel de incidencia que las mismas podr\u00edan tener en la toma d decisi\u00f3n pol\u00edtica y c\u00f3mo est\u00e1 integrada y la forma de designar a sus integrantes.<\/p>\n\n\n\n
En conclusi\u00f3n, una normativa que regula tem\u00e1ticas tan trascedentes para la vida de las personas, como las industrias extractivas de gran porte, parece regirse por el secreto y la desigualdad, es un enrome paso atr\u00e1s respecto a los logros en el acceso s la informaci\u00f3n p\u00fablica y la transparencia en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n
Es necesario instrumentar garant\u00edas reales para el acceso a la informaci\u00f3n, la transparencia y la participaci\u00f3n, de lo contrario, se pueden estar creando potenciales espacios de opacidad, de violaci\u00f3n de derechos humanos y de ignorar las necesidades y preocupaciones de los uruguayos y uruguayas.<\/p>\n\n\n\n
Interesa destacar que este proyecto adem\u00e1s incumple con los compromisos que en cuanto a acceso a la informaci\u00f3n viene adoptando Uruguay. Concretamente el a\u00f1o pasado Uruguay concurri\u00f3 a la Cumbre R\u00edo+20, y a trav\u00e9s de su Canciller\u00eda se comprometi\u00f3 a formar parte de una alianza para el cumplimiento del Principio 10 en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n