En el marco del D\u00eda Internacional de los Derechos Humanos 2014, las organizaciones firmantes de esta declaraci\u00f3n queremos llamar la atenci\u00f3n sobre la necesidad de que el Estado adopte est\u00e1ndares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas frente a la implementaci\u00f3n de sistemas de vigilancia en el marco de su pol\u00edtica de seguridad.<\/p>\n\n\n\n
A nivel global la irrupci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas de la comunicaci\u00f3n y la informaci\u00f3n han creado un fuerte desaf\u00edo en materia de derechos humanos. Por un lado, la masificaci\u00f3n de internet y del uso de la tecnolog\u00eda en la vida cotidiana ha contribuido a garantizar la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n, el conocimiento y la cultura en formas antes no concebidas.<\/p>\n\n\n\n
En particular, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de nuevos derechos en los \u00faltimos a\u00f1os. En el plano de derechos y nuevas tecnolog\u00edas, ha sancionado una ley de software libre y formatos abiertos que promueve el acceso a la informaci\u00f3n y al conocimiento. Tambi\u00e9n ha tomado medidas en respuesta a la vigilancia y el espionaje masivos de Estados Unidos, en especial con el decreto sobre ciberseguridad, que protege los datos de los ciudadanos gestionados por el Estado respecto del espionaje de gobiernos extranjeros. En cuanto a los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento, el parlamento uruguayo se encuentra estudiando un Proyecto Ley que prev\u00e9 la despenalizaci\u00f3n de las descargas sin fines de lucro y sin intenci\u00f3n de perjudicar al autor, conjuntamente con una serie de excepciones a los derechos de autor para educaci\u00f3n y bibliotecas. Estas excepciones legitiman actividades relacionadas con la digitalizaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de obras para su preservaci\u00f3n o puesta a disposici\u00f3n en colecciones digitales con fines de ense\u00f1anza, investigaci\u00f3n y pr\u00e9stamo controlado.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, tal como lo ha se\u00f1alado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, \u201cen la era digital, las tecnolog\u00edas de la comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n han aumentado la capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares para realizar actividades de vigilancia, interceptaci\u00f3n y recopilaci\u00f3n de datos\u201d.1<\/sup><\/a><\/sup> Esta circunstancia determina que \u201clas plataformas tecnol\u00f3gicas de las que depende crecientemente la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica y social a nivel mundial no solo son vulnerables a la vigilancia en masa, sino que en realidad pueden facilitarla\u201d.2<\/sup><\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Frente a la creciente preocupaci\u00f3n mundial por resguardar los derechos humanos en la era digital, en diciembre de 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas aprob\u00f3 la resoluci\u00f3n 68\/167 sobre el derecho a la privacidad en la era digital. La resoluci\u00f3n afirm\u00f3 que los derechos de las personas tambi\u00e9n deben estar protegidos en Internet, y exhort\u00f3 a todos los Estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad en las comunicaciones digitales. La resoluci\u00f3n inst\u00f3 a todos los Estados a examinar sus procedimientos, pr\u00e1cticas y legislaci\u00f3n relativos a la vigilancia y la intercepci\u00f3n de las comunicaciones y la recopilaci\u00f3n de datos personales, haciendo hincapi\u00e9 en la necesidad de que los Estados velen por el pleno y efectivo cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, en noviembre de 2014, retomando el pronunciamiento anterior, la Asamblea General de la ONU reafirm\u00f3 mediante resoluci\u00f3n3<\/sup><\/a><\/sup> que los mismos derechos humanos que las personas tienen \u201cfuera de l\u00ednea\u201d deben ser garantizados \u201cen l\u00ednea\u201d, incluyendo el derecho a la privacidad.<\/p>\n\n\n\n Otros antecedentes relevantes de pronunciamientos que promueven est\u00e1ndares que garantizan la protecci\u00f3n de los derechos humanos frente a la implementaci\u00f3n de sistemas de vigilancia a nivel global han sido:<\/p>\n\n\n\n \u201cEl Guardi\u00e1n\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mientras estas acciones y pronunciamientos suced\u00edan a nivel internacional y regional, el Gobierno de Uruguay, en l\u00ednea con lo que ha venido ocurriendo en muchos otros pa\u00edses, avanz\u00f3 en secreto en la compra del software de vigilancia \u201cEl Guardi\u00e1n\u201d, sin ning\u00fan tipo de control parlamentario y pr\u00e1cticamente sin brindar casi ninguna informaci\u00f3n sobre la implementaci\u00f3n del sistema que permitir\u00eda espiar llamadas telef\u00f3nicas y correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n El proceso de su adquisici\u00f3n tom\u00f3 estado p\u00fablico a trav\u00e9s del art\u00edculo difundido por el diario El Pa\u00eds en junio de 2013<\/a>7<\/sup><\/a><\/sup> y muy poco se ha avanzado desde entonces en el acceso a informaci\u00f3n relevante para la sociedad respecto a las caracter\u00edsticas del software y su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A la falta de una pol\u00edtica proactiva de informaci\u00f3n que permita conocer efectivamente a la ciudadan\u00eda las garant\u00edas que se han dispuesto, se suma la clasificaci\u00f3n de toda informaci\u00f3n relativa al nuevo sistema. Las autoridades se han limitado a anunciar que El Guardi\u00e1n ser\u00e1 utilizado s\u00f3lo mediante autorizaci\u00f3n judicial, cuesti\u00f3n necesaria pero no suficiente en el marco de los est\u00e1ndares de ddhh presentes en la materia.<\/p>\n\n\n\n El estado de situaci\u00f3n actual deja dudas acerca de c\u00f3mo funcionar\u00e1 El Guardi\u00e1n y ofrece pocas certezas a la sociedad en cuanto a su manejo por parte de las autoridades. Existen preguntas clave a responder tales como:<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2014 se hizo p\u00fablico a trav\u00e9s de la prensa que desde el Ministerio del Interior se continuar\u00eda avanzando para la implementaci\u00f3n del sistema en el mes de enero pr\u00f3ximo. Asimismo se dio cuenta de la existencia de un decreto del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas que establecer\u00eda exoneraciones tributarias a efectos de que las empresas de telecomunicaciones adquirieran la tecnolog\u00eda necesaria para la implementaci\u00f3n del software. Dicho decreto habr\u00eda sido declarado reservado e incluir\u00eda, seg\u00fan inform\u00f3 el diario El Observador<\/a>9<\/sup><\/a><\/sup>, un protocolo para instrumentar la operativa entre el Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones ante solicitudes de vigilancia autorizadas por el Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n En este marco, el 15 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica (CAinfo) present\u00f3 una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en el marco de la ley 18.381 solicitando tanto al Ministerio de Econom\u00eda como al del Interior, la entrega de una copia del referido decreto y del protocolo. Las solicitudes no han sido respondidas por ninguno de los dos organismos, en contravenci\u00f3n del procedimiento y de los plazos legales.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones firmantes exhortamos al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo a garantizar el acceso a la informaci\u00f3n por parte de la poblaci\u00f3n sobre el nuevo sistema de vigilancia y a adecuar su implementaci\u00f3n en el marco de los siguientes est\u00e1ndares internacionales:10<\/sup><\/a><\/sup><\/p>\n\n\n\n Las organizaciones firmantes llamamos al Estado uruguayo a establecer un di\u00e1logo que asegure la adopci\u00f3n de estos est\u00e1ndares por parte de todos los actores vinculados a la implementaci\u00f3n de El Guardi\u00e1n. De igual forma instamos al Estado uruguayo a iniciar un di\u00e1logo para la construcci\u00f3n de mecanismos de gobernanza y control democr\u00e1tico de este tipo de herramientas que ayude a construir un Uruguay respetuoso de los derechos humanos en la era digital.<\/p>\n\n\n\n Amnist\u00eda Internacional Secci\u00f3n Uruguay<\/strong><\/p>\n\n\n\n Asociaci\u00f3n de Bibliotec\u00f3logos del Uruguay<\/strong><\/p>\n\n\n\n Centro de Archivos y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica \u2013 CAinfo<\/strong><\/p>\n\n\n\n Creative Commons Uruguay<\/strong><\/p>\n\n\n\n Datos, Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n \u2013 DATA Uruguay<\/strong><\/p>\n\n\n\n Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay \u2013 IELSUR<\/strong><\/p>\n\n\n\n Proderechos<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> A\/HRC\/27\/37, p\u00e1rr.2<\/p>\n\n\n\n 2<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> Ib\u00eddem.<\/p>\n\n\n\n 3<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> (A\/C.3\/69\/L.26\/Rev.1)<\/p>\n\n\n\n 4<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/showarticle.asp?artID=927<\/p>\n\n\n\n 5<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> http:\/\/www.opensocietyfoundations.org\/sites\/default\/files\/global-principles-national-security-10232013.pdf<\/p>\n\n\n\n 6<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> https:\/\/es.necessaryandproportionate.org\/text<\/p>\n\n\n\n 7<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> http:\/\/www.elpais.com.uy\/informacion\/gobierno-compro-guardian-espiar-llamadas-correos.html<\/p>\n\n\n\n 8<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> Para ver una descripci\u00f3n del estado de situaci\u00f3n actual en referencia a este tema puede consultarse el siguiente documento \u00a8En Penumbras: Vigilancia, Seguridad y Derechos Humanos en Uruguay\u201d <\/em>disponible en http:\/\/www.giswatch.org\/en\/country-report\/communications-surveillance\/uruguay<\/a> (versi\u00f3n en ingl\u00e9s). Un post en espa\u00f1ol ha sido publicado en http:\/\/www.digitalrightslac.net\/es\/el-guardian-que-vigila-a-los-ciudadanos\/<\/a><\/p>\n\n\n\n 9<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> http:\/\/www.elobservador.com.uy\/noticia\/289757\/el-guardian-espiara-desde-enero-mails-y-celulares\/<\/p>\n\n\n\n 10<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> En base a la Declaraci\u00f3n Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su impacto en la libertad de expresi\u00f3n, Relator\u00eda Especial de las Naciones Unidas para la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n del derecho a la libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n y Relator\u00eda Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresi\u00f3n RELE.<\/p>\n\n\n\n 11<\/a><\/p>\n\n\n\n \u0002<\/sup> Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH ha sostenido: \u201cPara comenzar, toda limitaci\u00f3n a los derechos a la privacidad reflejados en el art\u00edculo 17 debe estar prevista en la ley, y la ley debe ser lo suficientemente accesible, clara y precisa para que una persona pueda leerla y saber qui\u00e9n est\u00e1 autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qu\u00e9 circunstancias. La limitaci\u00f3n debe ser necesaria para alcanzar un objetivo leg\u00edtimo, as\u00ed como proporcional al objetivo y la opci\u00f3n menos perturbadora de las disponibles. Por otra parte, debe demostrarse que la limitaci\u00f3n impuesta al derecho (una injerencia en la vida privada, por ejemplo, con el fin de proteger la seguridad nacional o el derecho a la vida de otras personas) tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. Es responsabilidad de las autoridades que deseen limitar el derecho demostrar que la limitaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con un objetivo leg\u00edtimo. Adem\u00e1s, las limitaciones al derecho a la privacidad no deben vaciar el derecho de su esencia y deben ser compatibles con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n. Si la limitaci\u00f3n no cumple esos criterios, es ilegal y\/o la injerencia en el derecho a la privacidad es arbitraria\u201d (A\/HRC\/27\/37, p\u00e1rr.. 23).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En el marco del D\u00eda Internacional de los Derechos Humanos 2014, las organizaciones firmantes de esta declaraci\u00f3n queremos llamar la atenci\u00f3n sobre la necesidad de que el Estado adopte est\u00e1ndares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas frente a la implementaci\u00f3n de sistemas de vigilancia en el… <\/a>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[155],"tags":[],"class_list":["post-1064","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-publicaciones"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1064"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1064\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1065,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1064\/revisions\/1065"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1064"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1064"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/cainfo.org.uy\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}